El pasado 22 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el punto de Acuerdo que determinó de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno mexicano asociados a infraestructura.
El documento que fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su artículo primero señala que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos a cargo del Gobierno mexicano asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Como se suponía este Acuerdo ha generado polémica tanto en diversos sectores de la población como en los organismo públicos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que consideró que esta determinación vulnera el derecho humano de acceso a la información y el principio de “máxima publicidad”.
Para el INAI al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, establecida en el artículo 100, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se advierte que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
En este sentido, el INAI comunicó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el citado Acuerdo, con la finalidad “de evitar que no se interprete que se puede reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras…”.
Por muchos años se ha trabajado en México por garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, con la finalidad de que las reservas sean excepcionales y no una regla.
Dado el serio problema de corrupción e impunidad enquistado en el país sería lamentable que en lugar de avanzar se consoliden políticas públicas que fomenten la opacidad y violenten los derechos humanos.
En pocas palabras, si esta disposición se cumple seremos testigos de una transgresión más al ya de por sí golpeado derecho a saber.
