El equipo de seguridad de López Obrador inició hace unos días unos “foros escucha” con el fin de recabar ideas que contribuyan a definir las estrategias de seguridad del nuevo gobierno. Esto desde luego es muy loable, si se considera que después del combate a la corrupción la mayor demanda social de los mexicanos es reducir la criminalidad. Sin duda, es muy acertado tratar de pensar la inseguridad desde otros ángulos, con otros conceptos y, desde luego, escuchando a las víctimas. Como parte de un ejercicio político que busca incluir las voces de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas, los foros bien merecen una oportunidad.
Sin embargo, existe el riesgo de que de aquí no salga nada y la decepción y la frustración terminen por imponerse. Permítame explicarle.
En primer lugar, el presidente electo y su futuro gabinete presentan todos los días programas e ideas, con un acabado muy distinto: desde ocurrencias (la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto) e ideas vagas hasta proyectos más sensatos. Sin embargo, el caudal de propuestas sobre políticas públicas aparece sin una escala que sugiera su prioridad, no hay un orden que nos permita entender qué está pensando realmente hacer el nuevo gobierno. En las últimas dos semanas hemos oído de una carísima y (a mi modo de ver) desatinada descentralización de las oficinas federales, un tren maya, una nueva refinería, obras en el Istmo, plantíos de bosques frutales en Chiapas, un sistema de superdelegados. ¡Uff!
Así que los Foros y sus resultados se pierden en medio de esos anuncios que se hacen todos los días con una escalera como escenario.
En segundo lugar, la intención de escuchar del equipo de López Obrador ha sido puesta en duda por los mismos asistentes. Después de la sesión inaugural, en que el mismo Presidente electo aseguró que estaba del lado de las víctimas, los salones se quedaron desiertos. Con la salida de López Obrador del recinto, se fueron los que supuestamente tomarían nota de las aportaciones ciudadanas.
En tercer lugar, los familiares de las víctimas tienen una historia que contar sobre las formas en que procede la delincuencia, pero su verdadero reclamo es que encuentren a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos. Más que proponer lo que buscan es hacer oír sus comprensibles demandas, después de años de una desesperada y dolorosa búsqueda.
De este modo no hay una relación entre las exigencias de los participantes y los objetivos planteados. Mientras unos insisten en que les devuelvan a sus familiares aquí y ahora, los otros buscan la cuadratura del círculo.
Pero este no es el principal corto circuito entre la expectativa ciudadana y la frágil propuesta de seguridad del equipo que formará parte del nuevo gabinete. El principal problema radica en que se están articulando dos lenguajes distintos: Uno que reclama justicia y llevar a juicio a los delincuentes y otro que ve en el perdón y la amnistía una posibilidad para la paz.
Y ¿por qué son dos narrativas distintas? Porque las familias de las víctimas piden justicia, lo que significa esclarecer las condiciones en que sus familiares fueron desaparecidos, torturados o muertos. Encontrar responsables, llevarlos a juicio y ejecutar sentencias.
El futuro gabinete ha puesto en el centro de su propuesta un concepto distinto: el perdón. En voz del futuro secretario de seguridad Alfonso Durazo: “Si no tenemos capacidad para perdonar, va a ser muy difícil que construyamos una ruta consistente, permanente de pacificación nacional”. Y para que no haya dudas ha repetido su postura cada vez que tiene oportunidad: “Pensando en el bienestar del país, tenemos que optar por el perdón”.
Cuando se le ha inquirido sobre las demandas de justicia, su respuesta deja ver que definitivamente está en otra sintonía: “Cobrar venganza o ajustar cuentas nos llevará a un callejón sin salida y eso obliga a considerar el perdón”.
Como se puede ver, mientras unos buscan justicia, es decir, la indagación policiaca y la aprehensión de los responsables, otros están pensando en perdonarlos.
Pero, los expertos no le dan la razón a la postura del futuro Secretario de Seguridad. En general, coinciden en que la justicia es un paso para la reconciliación de una sociedad fracturada por la violencia. Señalan que, sin conocer la verdad, no es posible emprender procesos alternativos de solución de controversias.
Además, el perdón en las instancias de gobierno, ese que prefiere hundir los hechos en la oscuridad de un pozo, está muy próximo en términos reales a la impunidad. ¿A quién se va a perdonar? ¿Quiénes están dispuestos a pedir perdón?
Sin duda, las voces de las familias de las víctimas deben ser escuchadas, pero lo que todos estamos esperando es que Durazo se aparezca con un plan sensato para acabar con la violencia. Lo que parece que no ocurrirá en estos foros.
