El acceso a la información constituye un elemento esencial en el día a día de un Estado que se asume democrático. Asegurar el pleno acceso a la misma sirve para afianzar las libertades, para vigilar el desempeño de las autoridades y limitar el ejercicio del poder.
Es por eso que ha causado gran revuelo la propuesta que surgió en días pasados para eliminar el órgano autónomo encargado de garantizar, en todos los ámbitos de gobierno, dos derechos distintos: el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales de la ciudadanía en posesión del Estado y en posesión de privados. Me refiero a la propuesta para eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también conocido como INAI.
En sus casi 20 años de existencia el INAI ha sido fundamental pues ha servido como un auténtico contrapeso al poder, razón por la cual plantear su eliminación afectaría en gran medida el ejercicio del estado de derecho y la defensa de nuestros derechos humanos.
Con este instituto se ha reconocido a las y los ciudadanos como depositarios y titulares de la información que es de interés público. Y lo anterior es así, pues gracias al INAI hoy la ciudadanía tiene el poder de conocer qué hacen los gobiernos y servidores públicos, cómo hacen las cosas y qué recursos utilizan para hacerlas.
Con el INAI hoy tenemos conocimiento de información relevante en casos graves de violación a los derechos humanos y también podemos estar tranquilos de que nuestros datos personales en posesión de gobiernos y empresas estén debidamente asegurados y no serán compartidos sin nuestro consentimiento.
Éstas son solo unas de las tantas razones por las que el INAI es vital para el sano desarrollo de nuestro país.
Además, hay una realidad fundamental que podemos vislumbrar en el corto plazo.
En el año pasado, año de pandemia, se incrementaron de manera sensible el número de solicitudes de acceso a la información emitidas por la ciudadanía. Cuando normalmente se recibían alrededor de 120 mil solicitudes, el año pasado se recibieron más de 200 mil. Esto da una clara muestra de que cada día hay más y más personas interesadas en conocer cómo y qué hace el gobierno.
La propuesta, como está planteada, estaría vulnerando no solo a la Constitución Política de nuestro país, sino que también iría en contra de Tratados Internacionales de los que México es parte y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a tener un órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información.
Lo más importante es que esta propuesta también atentaría contra los derechos de la ciudadanía. Querer restringir el acceso público a la información se traduciría en un retroceso y un ataque a los derechos humanos conquistados en el país.
En un país de instituciones y libertades que se ha construido por luchas históricas de la sociedad, resulta peligroso intentar ocultar lo que sucede en la vida pública del país.
Es por eso que debemos sumarnos a la defensa de las instituciones democráticas en la búsqueda de fomentar el equilibrio en el ejercicio del poder y, sobretodo, para recordar a los gobiernos por quiénes fueron elegidos y a quiénes les deben rendir cuentas.
@jmvalerapiedras
