A casi 20 años de su creación, el Sistema de Ahorro para el Retiro enfrenta enormes retos. De no ajustarlo de manera radical, millones de mexicanos corren el peligro de no contar con recursos suficientes para vivir dignamente en su jubilación.
Actualmente las contribuciones obligatorias a las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores, las cuales son administradas por las Afore, son de apenas 6.5 por ciento del salario base. Este es el menor porcentaje dentro de los países que conforman la OCDE. Un mexicano puede esperar vivir unos 20 años más después de jubilarse, por lo que esas aportaciones le servirían para vivir con menos de 30 por ciento de su último salario, un monto claramente insuficiente.
La cuota de aportación es el principal —más no el único— problema que enfrentan los trabajadores con cuenta de Afore. Las comisiones que cobran estas instituciones financieras, por ejemplo, son demasiado elevadas, lo que merma sus rendimientos. Pero es claro que para mejorar las condiciones de retiro de los mexicanos con Afore es indispensable aumentar de manera significativa las contribuciones obligatorias. Así de “fácil”.
Sin embargo, los incentivos para impulsar los cambios necesarios no son evidentes. Pese a la gravedad de la situación, es posible que no se perciba un sentimiento de urgencia. El problema no es inmediato. Se presentará cuando los trabajadores con Afore se retiren. Por lo mismo, los beneficios de una solución se verían en el largo plazo y serían difíciles de apreciar. Por otro lado, los costos de aumentar las contribuciones serían inmediatos y palpables. Es difícil pensar en un cálculo político menos favorable. ¿Para qué pagar el precio de impulsar cambios dolorosos si el electorado no va a apreciar los beneficios?
Es por ello que hay que darle crédito al gobierno de Peña por entrarle al tema. La Consar, el órgano regulador que supervisa el Sistema de Ahorro para el Retiro, ha propuesto duplicar la aportación obligatoria a las cuentas de los trabajadores manejadas por las Afore. Con un aumento como éste, un trabajador podría esperar una pensión equivalente a 80 por ciento de su último sueldo, un monto mucho más razonable.
El gobierno hace bien en querer actuar. Entre más tiempo pase más grande será el hoyo que enfrentarán los futuros pensionados. El camino está claro. El problema, por supuesto, es quién pagaría el aumento. Del 6.5 por ciento actual, solo 1.1 proviene del trabajador —el resto lo pagan el patrón y el gobierno—, uno de los porcentajes más bajos de la OCDE. ¿Quién cubriría el 6.5 por ciento extra?
