Pocos temas provocan tanto malestar entre los capitalinos que las fotomultas. Son vistas como una acción rapaz del Gobierno de Ciudad de México para capturar recursos. Es difícil encontrar un automovilista que esté de acuerdo. Yo soy uno.
Me imagino que todos coincidimos en que los límites de velocidad tienen una lógica: ayudan a salvar vidas. Pese a que en Ciudad de México siempre han existido, no mucha gente los respetaba. Fue hasta la introducción de las fotomultas a finales de 2015 que el comportamiento de los automovilistas cambió de manera significativa.
Es un simple tema de incentivos. En el pasado, el castigo por conducir a exceso de velocidad en la mayoría de los casos era nulo. Ahora, gracias a las fotomultas, existe un costo tangible. Para apreciar cómo la amenaza real de las multas afecta la conducta de los conductores en Ciudad de México, solo hace falta subirse a un Segundo Piso o pasar por una zona que tenga radar.
El mejor comportamiento vial provocado por las fotomultas ha tenido los resultados esperados. A partir de su introducción se ha mostrado una clara tendencia a la baja en CdMx tanto en muertes por accidentes automovilísticos como en las lesiones que provocan, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Un argumento que he escuchado a menudo en contra de las fotomultas es que el gobierno solo las está utilizando para recabar fondos y que los recursos se van a malgastar. No estoy de acuerdo. Lo que está haciendo el gobierno con las fotomultas es simplemente castigar a quienes no cumplen con una ley que hace sentido. Además, las fotomultas tienen la virtud de que no hay discrecionalidad. No podemos decir que un policía nos multó sin razón. Aquí la prueba es contundente gracias a la tecnología. Si a alguien le molestan las multas, el remedio es sencillo: respetar el límite de velocidad. Así de fácil.
En cuanto al mal uso de los recursos —más allá de ser irrelevante para el cumplimiento del objetivo de las fotomultas de incentivar el respeto al límite de velocidad—, mi impresión es que su fiscalización ha sido buena y su destino transparente. Hace unos días, el jefe de Gobierno anunció que los 900 millones que se piensan obtener este año por el cobro de fotomultas se destinarán a la reconstrucción de CdMx tras el sismo del año pasado.
Creo que la molestia más bien es un reflejo de un problema más profundo, incluso cultural: la resistencia de mexicanos de cumplir con reglas dentro del país. Porque eso sí, cuando, por ejemplo, manejamos en Estados Unidos no necesitamos de la amenaza de fotomultas para respetar el límite de velocidad.
