Una democracia funcional requiere de un sistema de partidos estable, que no esté excesivamente cubierto de privilegios ostentosos y caros para la economía de un país, ni tampoco que se fragmente por carecer de medios para realizar sus actividades como institución; pero que además, se caracterice por una dinámica unificadora en oposición a una dinámica de polarización.
Asimismo, requiere partidos institucionalizados que sean capaces de alimentar continuamente el proceso político y de ser algo más que unas máquinas de campaña, que solo se manifiestan cuando se lleva a cabo un proceso electoral.
El recibir recursos económicos vía las prerrogativas, es un elemento imprescindible para la competencia democrática, es innegable, que el dinero es capaz de introducir distorsiones importantes en el proceso democrático, como convertirse en un botín que termina en las manos de los líderes de los partidos y los grupos que los controlan, perdiendo su esencia y sentido social, casos hay muchos, como los del PVEM y NUEVA ALIANZA cuyo control lo han tenido familias que han hecho uso de los recursos por generaciones.
Por otra parte, y en congruencia con la austeridad republicana impuesta por esta nueva administración federal, la importancia de optimizar los recursos económicos que se gastan en los diferentes ámbitos del funcionamiento del constructo social, resulta trascendental, y seguir manteniendo el status de la democracia más cara del mundo, resulta un lujo que los ciudadanos, ya no podemos seguir permitiendo.
Toda vez que, la democracia en México es considerada 18 veces más cara que el promedio de Latinoamérica, por lo que, la propuesta de reducir el monto del financiamiento público a los partidos en un 50% en los años en que no se lleven a cabo procesos electorales, es hasta hoy día, la propuesta más importante y que mayores beneficios podría traer a los mexicanos.
Propuesta presentada por el grupo parlamentario de MORENA, que plantea modificar el artículo 41 constitucional, base II, con el fin de cambiar la fórmula que se utiliza para asignar financiamiento público a los partidos políticos, reduciendo de 65 a 32.5 por ciento el multiplicador de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que determina la cantidad de las ministraciones económicas a distribuir entre los partidos políticos.
Con la reforma, el artículo quedaría: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
