Puebla se ha convertido en los últimos años en centro de violentos ajusticiamientos contra presuntos delincuentes, que igual son quemados vivos que golpeados hasta la muerte, sin recibir un juicio, pero sí una sentencia popular alimentada en ocasiones por rumores, que incluso han cobrado la vida de inocentes.
Puebla ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional en registrar mayor número de linchamientos con un total de 182 casos durante los últimos 29 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo informó que en el periodo comprendido entre 1988 a septiembre de 2017 se han suscitado 862 casos de justicia por propia mano en México, de los cuales, el 21.1% se cometieron en Puebla.
Los linchamientos son producto de la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa, en perjuicio de ciudadanos que en lugar de ser puestos a disposición de las autoridades, terminan siendo víctimas de gente sin escrúpulos que aprovecha la situación para exacerbar sus instintos de violencia amparados en el anonimato de una multitud descontrolada.
Según el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) Francisco Rivas Rodríguez “cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”. Por tanto, estos sucesos relajan una crisis social por la falta de paz y seguridad en la sociedad.
Algunos especialistas señalan la importancia de ir más allá que simplemente condenar estos sucesos violentos, al afirmar que rechazar decididamente la práctica de los linchamientos es indispensable, pero no resulta suficiente para evitar su repetición. Un dato salta a la vista: los linchamientos en México se han incrementado en las décadas recientes. Por lo que más que el uso de la fuerza es recomendable la acción social en comunidades donde existen estos riesgos o donde ya sucedieron, por lo que es importante reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos seguirán a la alza en todo el país.
Parte de la preocupación relativa a los linchamientos son las lonas que los vecinos han instalado en regiones del centro del país, en las que advierten a los delincuentes que en caso de ser detenidos no serán entregados a las autoridades, sino linchados. Los anuncios no tienen rúbrica ni membrete de alguna organización civil o vecinal y se encuentran colocados lo mismo en bardas de lotes baldíos que en las fachadas de casas y negocios. Por esto, continúa el riesgo de impunidad de quienes realizan los linchamientos y no se descarta que pudieran volver a participar en un acto de este tipo, debido a que el anonimato cubre su identidad.
