La semana pasada, el gobernador del Estado presentó 10 acciones -unas estratégicas y otras tácticas- que perfilan su visión de seguridad pública, y luego externó su confianza en el actual Procurador del Estado para ser considerado Fiscal por otros nueve años.
Ambos datos tendrán enorme repercusión para el futuro de Guanajuato. Si su “estrategia” es el decálogo que leyó, está incompleta porque omite referenciar problemas que explican o agravan violencias y delincuencias en el estado, como el fenómeno social asociado al robo de hidrocarburos a Pemex o el incremento incontrolado de consumo de drogas ilícitas entre adolescentes y jóvenes, retos que exigen soluciones en la parte que corresponde al ámbito local: el “huachicoleo” es delito federal, pero el trabajo de prevención comunitaria con las miles de familias asentadas arriba de los ductos es responsabilidad primaria de municipios y estado, -subsidiariedad-, a fin de que niños y adultos asuman cultura de la legalidad y dejen de robar, almacenar, transportar y comercializar mercancía ilícita, a través de intervenciones focales y transversales, prevención vital que SSP Gto no atiende.
El narcomenudeo es responsabilidad estatal de la Procuraduría, ausente en combatir a miles de distribuidores en zona urbana como rural, particularmente donde conviven estudiantes muy afectados. De esto ninguna mención.
Dejemos las ausencias –hay más-. La acción “Reorientar el gasto público en beneficio de la seguridad”, es instrumental de otras acciones, una fundamental: “Policías municipales y estatales más equipadas y capacitadas”, que deberá completarse con métrica para evaluar resultados, además de considerar exigencias expresas de leyes sobre “Desarrollo policial”: Carrera policial, certificación, pirámide salarial, sistemas complementarios de seguridad social y reconocimientos, y no solo profesionalización.
Modelo que la policía estatal no acaba de implementar. Siguen hablando de la creación del Consejo Estatal de Seguridad Pública que ya existe por Ley del 2014 y que con actual secretario no funcionó; de cuatro alcaldes ahora se incorpora a todos; hagamos espacio de abierta discusión donde la seguridad pública se trate en voz alta, a la luz pública y para rendición pública de cuentas de todos los corresponsables.
Por fin implementarán Unidad de Inteligencia para combatir el lavado de dinero. En 2010 desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública comprometimos a gobiernos estatales a desarrollar estrategia y capacidades para identificar y afectar flujos de dinero ilícito, y hace cuatro años entregamos modelo al Procurador. Indebidamente llaman ahora Unidad de Inteligencia Financiera-regulación del sistema financiero compete a Federación-; más vale tarde que nunca. Se mencionan también de justicia cívica pertinentes, entre otras.
Con lo anunciado no tenemos aún estrategia ni rumbo seguros. En múltiples espacios se opina que el gobernador parece atrapado en una telaraña de intereses. De lo que sí hay certezas es que el Procurador no es veraz: sus cifras se desploman ante las que publican INEGI o el SNSP; u obscuridad en compra de tecnología y su uso político; más del 90% de carpetas de investigación sin terminar de investigar; alta proporción de sentencias absolutorias a procesados; nula afectación patrimonial a delincuentes; clima laboral dañado.
Guanajuato termina año con 3 de las 10 ciudades más violentas del país publica esta semana el SNSP. Otros nueve años es insano para todos. Los ciudadanos no debemos callar ante perspectiva de mismas cartas de navegación y de tripulación.
