La tragedia del viernes por la explosión en ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando cientos de personas recolectaban combustible de toma clandestina, dejando más de 90 muertos, 65 desaparecidos y cientos de heridos nos interpela a todos, gobernantes, directivos y ciudadanos.
Ese inmenso dolor era evitable e indigna. Detección de fuga menor se registró a las 14:30 horas cuando llegó personal militar y aún no había muchedumbre. El cierre del ducto por Pemex se hizo hasta las 18:20 horas, cuando fuga se incrementó. Policías y militares no intervinieron porque según el presidente López Obrador tenían la orden de “replegarse para no propiciar un enfrentamiento con la población”, y soldados se hicieron a un lado ante pobladores ladrones en riesgo vital.
Los cómplices de traficantes de combustibles o los que solo buscaban abasto de gasolina escasa para transportarse no lo previeron, ni siquiera por instinto de conservación. La CNDH este lunes abrió una investigación por omisiones del Ejército, Seguridad Pública federal, Pemex, gobierno de Hidalgo y presidencia municipal para determinar violaciones a derechos humanos por esas omisiones.
El Presidente y demás autoridades deben saber que hay protocolos de Naciones Unidas relativos al uso legal y legítimo de la fuerza pública que no es sinónimo de represión ni de violencia, sino atribución del Estado para cumplir con su primera obligación: proteger personas, sus bienes y libertades, y conservar el orden y la paz públicas. No se aplicaron protocolos exigidos en Ley General de Protección Civil para evitar muchedumbre o desalojarla ante fuga con riesgo inminente de provocar mayor dolor evitable. Tampoco se aplicaron protocolos de primeros respondientes obligados a preservar la escena delictiva a la vista de todos. El gobierno enfrenta otra crisis. Lo urgente es atender a víctimas y familiares, y determinar las responsabilidades civiles, penales y administrativas que procedan.
Hidalgo es una de las entidades en que más robo de hidrocarburos en ductos se hace (como Puebla y Guanajuato), sin que se conozca y reconozca la gravedad de su situación ni incidencia delictiva oculta por gobiernos estatal y de Peña Nieto, en cuyo sexenio el huachicol cayó en manos de cárteles del crimen organizado, con Emilio Lozoya y otros funcionarios de Pemex, dirigentes del sindicato petrolero, como de gobiernos municipales y estatales que no han realizado estrategias y acciones de prevención comunitaria y de cultura de la legalidad.
En Tula y alrededores no hubo gasolina días previos no obstante su refinería, y ante urgencia de moverse acudían a huachicoleros, la escasez provocada ha beneficiado a éstos. En Tlahuelilpan y municipios aledaños hace tiempo la gente de campo ha cambiado al negocio del huachicol con ostensibles beneficios económicos que autoridades no ven.
Requerimos el presidente López Obrador cumpla deber y proteja a todos y dé resultados en combate a la corrupción y al robo a la Nación lo que supone una estrategia integral y con un equipo idóneo. El agrónomo no titulado al frente de Pemex y la secretaria de Energía, entre otros, han exhibido incompetencia. La política es el espacio idóneo para evitar dolor evitable, no el causado por la naturaleza, sino el que personas causan a otras por acciones u omisiones. ¡Evítenlo, autoridades, es su deber! De pueblo –no masa- también.
