La negociación entre la CNTE y el gobierno federal parece haber concluido una etapa y, por tanto, habrá noticias:
La más esperada: el fin de los bloqueos, los plantones, las ocupaciones de plazas comerciales, el vandalismo sobre oficinas públicas y demás actos de presión organizados por los profesores de la SEP de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
La noticia más importante, sin embargo, tendrá que esperar unas semanas: la reforma de la reforma educativa, que tendrá que llevar a cabo el Poder Legislativo de la Federación, con el propósito de eliminar los aspectos laborales punitivos que lanzaron a la calle a los maestros, a jugarse la vida en confrontaciones violentas con la fuerza pública (Nochixtlán).
La visión simplista difunde una derrota del gobierno a manos de la CNTE.
Esta conclusión, sin embargo, es imprecisa, porque si bien los insurgentes lograron detener los despidos, los descuentos y las persecuciones, su acción fue más allá:
Mostró que la partidocracia apoltronada en el Congreso no representa a toda la nación y que las leyes que decreta no toman en cuenta muchas opiniones e intereses de los ciudadanos.
Nuestros legisladores parecen estar solo atentos a los textos de los tecnócratas que redactan los proyectos de ley en las cúpulas del poder. Porque si la reforma constitucional que se refiere a la reforma educativa —por ejemplo— hubiera recogido las objeciones de los maestros y sus comunidades, en las cuatro entidades del sur, el conflicto nunca habría aparecido. La ley hubiera reflejado las condiciones diversas en que se lleva a cabo el proceso educativo y nos hubiéramos ahorrado un conflicto que costó vidas y mucho dinero.
Así que ahora los partidos deberán hacer su autocrítica y modificar lo que hicieron mal: reformas imperfectas, como la educativa, que no llevaron al país al cambio democrático, sino a la violencia.
La otra enseñanza que deja esta amarga confrontación es que la violencia del Estado solo debe utilizarse contra la delincuencia. No contra los ciudadanos que pertenecen a agrupaciones sociales, que plantean demandas y reivindicaciones bien conocidas por el gobierno.
Por tanto; hay que recordar:
1. “Cualquier Constitución, para ser obedecida, debe reflejar la realidad política y social del país”. (Ferdinand Lassalle).
2. “La Violencia del Estado, en democracia, está diseñada para aplicarse a los delincuentes, no a los ciudadanos protestantes que pueden llevar a cabo trasgresiones menores”. (La inteligencia política siempre sabe distinguir unos de otros).
