Alejandro Gertz Manero tiene toda mi confianza, creo en su honestidad, dice reiteradamente Andrés Manuel López Obrador, pese a los muchos indicios que siguen acumulándose en contra de la reputación del fiscal general de la República. En lo personal no tengo la menor duda de la austeridad y la honestidad del Presidente, pero cada vez tengo más reservas sobre la arbitraria manera en que la atribuye a otros.
Puedo entender, que no justificar, que en aras de la necesidad política haya asumido como aliados a personajes de tan oscuro pasado (y presente) como el líder del sindicato minero o los dirigentes del Partido Verde, impresentables mercenarios de la política. La convicción de que sus adversarios lo despojaron de la presidencia en 2006, habría llevado a AMLO a asumir que para vencer al sistema necesitaba utilizar las artimañas del propio sistema.
Pero encuentro mucho más difícil entender su asociación con personajes cuestionables por los cuales el Presidente tiene alguna debilidad, pese a las muchas evidencias de que se trata de individuos que no comparten ni su austeridad ni su gusto por la probidad. Desde hace años circulaban en medios políticos y periodísticos las quejas sobre el protagonismo de Julio Scherer, hasta hace unos meses poderoso consejero jurídico de la Presidencia, y sobre las presuntas gestiones a favor de sus intereses que habría realizado al amparo del poder político. Finalmente el Presidente se vio obligado a separarlo del puesto, a su pesar, aun cuando al hacerlo lo distinguiera señalando que se trataba de un verdadero hermano.
Con Gertz Manero sucede algo parecido. Son reiteradas las señales sobre el uso que habría hecho de la influencia que le otorga la Fiscalía para empujar su agenda personal, sea en su litigio en contra de ex familiares o para conseguir su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, que lo había rechazado por méritos insuficientes en el pasado. Este lunes el Presidente volvió a defenderlo diciendo que podía entender el afán del fiscal porque lo movía un asunto familiar, como si eso justificara la injusticia que representa para los que enfrentan su cólera. Y si bien, AMLO concluyó diciendo que por fortuna el litigio se resolvería en instancias judiciales (en las que el fiscal está interviniendo), el Presidente no puede ser ajeno al hecho de que sus palabras constituyen una suerte de absolución dentro del ámbito del obradorismo, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte que habrán de fallar sobre el caso.
El sentido de honestidad que profesa el Presidente, cuando la atribuye a otros, parece estar más bien vinculada a la lealtad. La severa vara de medida con la que observa, juzga y denuncia la corrupción de sus rivales, desaparece cuando las sospechas recaen en cualquiera que le haya ofrecido su apoyo. Parecería que en su jerarquía de valores no hay mayor mérito que el hecho de estar comprometido con la causa de los pobres, es decir la suya, y que eso de alguna forma purifica a quien la profesa de pecados mayores y menores. “Le tengo confianza”, dice AMLO refiriéndose a Gertz Manero, pese a no ignorar que hay suficientes sospechas de irregularidades para dudar de su integridad. Pero el Presidente no necesita investigar, le basta saber que el funcionario le otorga su apoyo para considerar que su “honestidad” sigue vigente en aquello en lo que importa: la lealtad para con él y su proyecto. Algo similar sucedió con Julio Scherer, a quien tuvo que alejar por los reiterados avisos de otros colaboradores, el riesgo de que tarde o temprano estallara una bomba mediática y la factura política que eso representaría. Pero no porque hubiese reaccionado a la presunta o probable deshonestidad del personaje.
En lo personal me parece que el Presidente confunde el verdadero sentido de lo que es la lealtad. No hay mayor traición a un proyecto social que ser infiel al espíritu de sus banderas y, en esa medida, al líder, que ha convertido el tema de la honestidad y el combate a la corrupción en motor de su propuesta. No hay deslealtad más profunda que abusar de la confianza y utilizar la tarea encomendada para abrir fisuras en la reputación de un proyecto social y político que se ufana de la rectitud.
Me atrevo a pensar que la valoración de las personas no es el mayor atributo de López Obrador. En su gabinete hay cuadros valiosos, pero también personajes de méritos inexplicables. Podría entenderse el error de apreciación al ofrecérsele una candidatura al Senado a Lilly Téllez, derivado de la necesidad de atraer celebridades para propiciar votos (convertida luego en radical enemiga del obradorismo). Pero ¿cómo entender que haya convertido en representante de su gobierno a Isabel Arvide, practicante durante décadas de un pseudoperiodismo que constituía una afrenta dentro del gremio, columnista durante años del Sol de México, coordinadora de asesores del secretario de Seguridad del gobierno de Roberto Borge, hoy en la cárcel? Bastó presentarse en dos mañaneras a expresar lisonjas descaradas al líder para ser distinguida con tareas de representación que avergüenzan al personal del servicio exterior.
Se podría argumentar que, como en el caso de Napito o de los juniors del Partido Verde, también en los de Scherer o Gertz, se trataba de “males” necesarios. Pero no estoy de acuerdo. Si bien han sido funcionarios útiles a los intereses inmediatos del Presidente, a diferencia de los primeros, no eran absolutamente indispensables porque siempre podría haberse encontrado a otro cuadro para cubrir la tarea. En el caso de Arvide y su designación como cónsul, en cambio, no encuentro explicación posible o prefiero no imaginármela. Lo triste de todo esto es que el Presidente no parece darse cuenta del daño que el respaldo incondicional a estos personajes provocan en su propia reputación, porque en última instancia constituye un espaldarazo a las prácticas viciadas que su gobierno se había comprometido a erradicar.
@jorgezepedap
