En los días por venir, uno de los puntos torales de la reforma en telecomunicaciones está en juego: la llamada tarifa cero, que consiste en que el agente económico preponderante en telecomunicaciones (América Móvil) tiene prohibido cobrar a otros operadores por el tráfico que termine en su red; es decir, es el cargo que pagan empresas telefónicas por terminar una llamada en la red de una compañía que es dominante.
Esta medida asimétrica tiene un carácter temporal —como otras— que tiene dicha empresa, y es necesaria, dada la presencia predominante que tiene actualmente en el sector telecomunicaciones. Por eso es inexacto calificarla como expropiatoria, es temporal, ya que en la medida que esa
presencia disminuya la medida desaparece.
Ese tipo de medidas establecidas en la ley no solo son legales, sino que son necesarias; debemos recordar que a partir de la reforma estos servicios son públicos y su objetivo final es beneficiar al consumidor.
Una resolución favorable de la Suprema Corte para el preponderante daría un serio golpe a la industria y a los usuarios. Si existe un viraje en la interpretación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo hecho por otras empresas —que vienen creciendo— al bajar precios, realizar inversión y desarrollar un mercado de ofertas que resulte atractivo y benéfico para el usuario, se vendría abajo.
El preponderante apela a la competencia que existe hoy; esa competencia es buena y además ha apostado más que ellos a la reforma; tan es así que es falso que sus inversiones sean menores a las de América Móvil. Lo que pasa es que el tamaño de sus competidores es aún chico, que si comparamos la relación de participación de mercado con lo que ha invertido cada jugador, definitivamente queda abajo AMX.
¿Y el usuario? Resentirá la eliminación de la tarifa cero; de acuerdo a The CIU: “… en el escenario en que se le permita al preponderante cobrar la terminación de llamadas, se estima que generaría un gasto adicional para los consumidores de 31 mil millones de pesos en los próximos tres años”.
Por lo tanto, el impacto se reflejaría en el bolsillo de los usuarios y en la inversión de las empresas. La Corte tiene la palabra.
