Desde hace años la corrupción en nuestro país es analizada dado su impacto en diversos ámbitos, uno de ellos es la iniciativa privada. Apenas en marzo pasado el Inegi, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, refirió que el costo de la corrupción fue de 7 mil 218 millones de pesos.
De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2017–2018 del Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 127 de 137 países en el rubro de confianza pública en los políticos, 105 en pagos irregulares y sobornos y 129 en favoritismo en las decisiones de gobierno.
En el contexto electoral en el que estamos inmersos, lo aprobado por la Cámara de Diputados —quitar el fuero constitucional al Presidente, secretarios, ministros, gobernadores, senadores y diputados federales y locales, para evitar que cualquier servidor público se enriquezca a costa del erario, y no se proteja bajo el fuero para ser juzgado como cualquier ciudadano— es de analizarse, ya que es una garantía constitucional de seguridad y protección al cargo público. Por unos pagan todos.
Más allá del significado de esta medida —que más bien pareciera “electorera”— ante el descrédito de la política ante la sociedad, habría que ver a detalle qué implica.
Del análisis se desprende que lo que se elimina de la Constitución es el juicio de procedencia (desafuero), lo que permite la posibilidad de iniciar un proceso penal al servidor público imputado, que lo enfrentará en libertad y sin ser removido del cargo; aparentemente el privilegio se mantiene, pues al permanecer en el cargo, el presunto culpable podría operar y ejercer presión para obstaculizar la justicia.
Lo preocupante es que al eliminar la función legislativa de control político (juicio de procedencia) se deja en manos de las procuradurías la decisión de iniciar un proceso penal, lo que facilita el uso de tales instituciones como “brazos políticos” a manos de gobernadores y del próximo Presidente, sin que haya un contrapeso político; y no salgan con que habrá procuradores independientes.
Tal pareciera que con la reforma propuesta los legisladores se estarían cercenando facultades. De por sí ya la Corte le pone plazos para legislar o cuasilegislar en algunas sentencias. ¿Dónde queda la división de poderes?
Falta que sea revisado por el Senado y, en caso de aprobarse, todavía tendría que someterse a la anuencia de la mayoría de las legislaturas de los estados (con 17 bastaría). Al final del día queda la pregunta: ¿quitar el fuero fulmina la corrupción?
