Al publicarse en el Diario Oficial la Ley General de Comunicación Social —que regulará la propaganda de los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios)—, se entrará a la etapa de implementación del mandato de la Suprema Corte, que no tiene un camino fácil.
En la nueva ley —cuyas reglas y principios operarán desde el 1 de enero de 2019— el legislador estableció una ruta crítica que deben emprender las autoridades garantes, y el Ejecutivo federal deberá adecuar y expedir los reglamentos correspondientes en un plazo no mayor de 120 días, contados a partir de la publicación de la ley, por lo que el marco reglamentario debe estar listo, a más tardar, el 8 de septiembre próximo. Asimismo, la Secretaría de Gobernación deberá crear el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
La compleja ruta de implementación comienza cuando el Congreso federal y los Congresos locales deban armonizar su legislación en un plazo no mayor de 90 días a partir de la publicación de la ley (que será el 9 de agosto próximo), aunque hay que considerar los periodos de sesiones de cada órgano parlamentario y que se está inmerso en el proceso electoral.
Otro elemento complicado es la expedición de los lineamientos anuales para el gasto de comunicación social, que se emiten después de aprobado el Presupuesto de Egresos (PEF); cabe recordar que cuando inicia una nueva administración, la iniciativa de Ley de Ingresos y el PEF se deben presentar a más tardar el 15 de noviembre del año de la transición, y para ello, “en el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al presidente electo, incluyendo sus recomendaciones…”.
Aunado a lo anterior, se anuncia una serie de impugnaciones que van a retrasar el nuevo régimen de gasto en comunicación social, que sienta bases que dan uniformidad, transparencia y fiscalización de los recursos públicos para los programas de comunicación social de los gobiernos.
A final de cuentas, a la Suprema Corte le corresponde interpretar la Constitución y las leyes, y debe ser ajena a la vida y al cálculo políticos; pero bajo las bases que opera el sistema político mexicano, la implementación del ordenamiento parece compleja, ya que podría estar en juego —entre otras cosas— el control de los medios que, precisamente, la Corte quiere evitar y plasma en su sentencia sobre la omisión legislativa. Al tiempo.
