A un mes de haberse iniciado formalmente el proceso electoral federal 2017-2018 surge una serie de aspectos que siguen demostrando que el modelo de comunicación política, en lugar de ser operativo, flexible, normado sin excesos, es todo lo contrario, por la desconfianza entre los actores políticos, lo que, dada la naturaleza jurídica de las estaciones concesionarias, las deja —prácticamente— atadas de manos.
Por poner un ejemplo, los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Piter y María de Jesús Patricio, por citar algunos de los 17 inscritos, si llegan a conseguir el registro, será hasta la etapa de las campañas políticas cuando puedan tener acceso a los tiempos gratuitos en radio y televisión, y al financiamiento público o las franquicias postales.
En cambio, aspirantes a ser candidatos por partidos políticos ya salen en spots desde hace más de dos años, como ocurre con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partico Acción Nacional (PAN), pero no solo eso: en el supuesto caso de que un aspirante independiente alcance el registro como candidato, solo tiene acceso a los medios del porcentaje que se reparten igualitariamente los partidos políticos.
Es decir, para la campaña electoral de diciembre de 2017 a julio de 2108 habrá más de 55 millones de spots; de ellos, casi 17 millones son para los partidos políticos en la etapa de campaña por la Presidencia de la República; 30 por ciento de esos 17 millones se reparte igualitariamente, es decir, poco más de 5 millones, y dividido entre 12 (pues son nueve partidos con registro y pensando en tres candidatos independientes) les correspondería un poco más de 400 mil spots a cada independiente.
¿Dónde está la equidad a la que se alude cuando se habla de democracia?
Otras más: el Tribunal Electoral volvió a revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para regular la publicidad oficial, por extralimitarse en sus facultades; pero no solo eso, le dejó claro al INE, en otra resolución, que los criterios para que los concesionarios de radio y televisión distingan de manera obligatoria las opiniones de los hechos en las notas que difundan, no pueden ser obligatorios, al atentar contra el derecho a la información.
En síntesis: se tiene que liberalizar, con una regulación razonable, la vida de los medios y la política.
