Es clásico, en nuestro país, que “después del niño ahogado se tape el pozo”. Algo semejante ocurrió al inicio del periodo de sesiones del Congreso, que concluyó la semana pasada, al abrirse nuevamente la discusión sobre reducir el financiamiento público de los partidos políticos o bien el número de legisladores, con el objetivo de ahorrar dinero del erario, todo esto a raíz de la reacción pública de los diversos sectores por el llamado gasolinazo.
Esa situación llevó tanto a legisladores federales como locales a incrementar las propuestas de reforma sobre financiamiento o reestructura del Congreso de la Unión, a fin de bajarle al presupuesto.
En los tres meses de sesiones se realizaron múltiples reuniones en la Cámara de Diputados, y al final del periodo, nada.
Ahora bien, en la reducción de financiamiento ha prevalecido la tendencia a cambiar su fórmula, en el sentido de que se reduzca el porcentaje de salario mínimo (actualmente 65 por ciento) que se multiplica por el número de inscritos en el padrón electoral. En 2017 todos los partidos políticos recibirán poco más de 4 mil millones de pesos.
En qué consistían las propuestas: en reducirlo desde 30 a 50 por ciento; otra es que se tome el número de electores que votaron en la última elección federal, llamada “sin voto no hay dinero”.
La reducción de legisladores busca disminuir el número de diputados plurinominales o eliminarlos en el Senado. Si atendemos a las páginas de transparencia de ambas cámaras, vemos que un diputado tiene una dieta de 73 mil pesos y apoyos económicos por otros 73 mil, mientras que la dieta de los senadores es de 117 mil pesos.
Quizá si hubiera procedido alguna de esas reformas no se cubriera lo que la Secretaría de Hacienda requería para subsidiar la gasolina este año (200 mil millones de pesos), pero el mensaje a la sociedad sería mayúsculo, ya llegará el día en que se tenga que replantear financiar o no la política. Al tiempo.
