En las últimas semanas se ha incrementado el debate, desde diferentes perspectivas, sobre los derechos de las audiencias, debido al dictamen por discutirse en la Cámara de Diputados, derivado de dos iniciativas de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR); esto —se recordará— como consecuencia de los lineamientos que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Esta reforma, que está por debatirse, tiene objetivos muy específicos: dejar intactos los derechos de las audiencias —contrario a lo que algunos aseguran— y precisar la facultad del Congreso en la materia.
En ninguna parte de la reforma en cuestión se percibe mayor afectación a los derechos de las audiencias plasmados, desde 2014, en la LFTR, salvo la derogación de un aspecto que no cuenta con fundamento constitucional alguno, que es diferenciar la nota y la opinión por parte de los conductores.
Lo que está haciendo el Congreso es legislar, para lo cual no está impedido o sometido a tiempos o circunstancias, al contrario: está atendiendo a la protección de las audiencias de radio y televisión de todo tipo (comercial, público y social) para que en el momento que consideren que se afectaron sus derechos, pueda dirigir una queja ante un defensor que analizará y, en su caso, emitirá acción correctiva al medio.
Nada de lo expuesto es nuevo, está en la LFTR; lo que está haciendo el Legislativo es asumir su papel de encargado de regular este derecho humano (derecho de las audiencias) y darle un carácter autorregulatorio ante los lineamientos —expedidos por el regulador en telecomunicaciones— que rebasan los límites de la legalidad y el ejercicio de la libertad de expresión.
También en la Corte está el análisis por controversias interpuestas por el Senado y el Ejecutivo, pero tampoco es obstáculo para legislar. En síntesis: lo que importa es proteger a las audiencias, pero también resguardar la libertad de expresión.
