Nuevas consultas y mediciones dadas a conocer esta semana documentan y nos confirman cómo a nivel nacional y local el problema de la seguridad y la justicia se mantuvieron como el principal fracaso de las políticas públicas, y por ello, la principal preocupación y exigencia ciudadana.
El sombrío panorama que nos dejó el aumento del costo ciudadano para tratarse de defender de la delincuencia y lo que gasta para recuperar lo que le roban, que reveló la encuesta de victimización del INEGI, y más recientemente la de Seguridad Urbana que reveló cómo desde 2013 la percepción de inseguridad de los mexicanos va en ascenso año con año, se oscureció aún más con los focos rojos del Semáforo Delictivo, de Santiago Roel, y las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, presentadas ayer en Palacio Nacional.
De entrada, el Semáforo Delictivo que mes con mes mide la incidencia delictiva en 8 rubros puso en foco rojos seis de ellos en el tercer trimestre del año: Homicidios (2184); Extorsión (474);Robo a vehículo (16030);Robo a negocio (7607); Lesiones (12520); y Violación (1082); y sólo dos en foco amarillo: Secuestro (88) y Robo a Casa (7249). Pero para el coordinador de este ejercicio, que toma las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta tendencia ya colocó al 2017 como el año más violento en el País, con 24 mil homicidios a septiembre, 18 mil de ellos ligados al narco, superando la cifra del 2011 cuando se le atribuyeron 17 mil.
En lo que respecta a Jalisco, aparecen en focos rojos 5 de estos 8 indicadores: homicidio, robo a vehículo, a casa, a negocio y lesiones.
En amarillo el delito de violación; y en verde los de secuestro y extorsión. La medición en Guadalajara arroja los mismos resultados, mientras que en Zapopan, la única diferencia es que también el delito de violación está en foco rojo.
Por lo que se refiere a la Consulta, elaborada por los Institutos de Ciencias Penales (Inacipe), de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) las conclusiones son contundentemente negativas: el sistema de procuración de justicia a nivel nacional y estatal es "inoperante", no funciona ni el viejo ni el nuevo sistema de justicia penal en marcha. Ubican tres problemas centrales: 1) La ausencia de una visión sistémica de la seguridad pública y justicia penal que fragmenta las responsabilidades de cada institución. 2) Procuradurías estatales con problemas estructurales y deficientes. Y 3) Serias deficiencias en generación de inteligencia e información sobre antecedentes penales, incidencia delictiva y zonas de riesgo, que eviten la queja ya generalizada de la llamada "puerta giratoria", referente a la liberación de delincuentes por violaciones al debido proceso.
Lo dicho, falta tiempo en la agenda de los gobernantes en el que tengan como prioridad la revisión del cumplimiento de esta obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, principal razón de ser de la autoridad y sus burocracias.
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