Hoy que se tome protesta a los cinco integrantes del primer Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) será muy oportuno recordar el llamado de organizaciones de la sociedad civil para ampliar los plazos legales para el cumplimiento de sus primeras y decisivas tareas.
Me refiero a la definición y búsqueda de los perfiles para ocupar los cargos que darán vida a este nuevo modelo con el que por primera vez en la historia se pretende combatir y castigar la corrupción y la impunidad: el de un Fiscal General, un Fiscal Anticorrupción, a quien ocupe la muy desprestigiada Auditoría Superior del Estado y a los nuevos magistrados del Tribunal Administrativo que conocerán las denuncias en esta materia.
Como se sabe, el límite establecido en la Ley para nombrar a estos nuevos funcionarios que serán las cabezas del SEA, a partir de las propuestas y ternas que hagan las y los cinco notables, es el 15 de diciembre próximo. El riesgo no es sólo que por las prisas no se cuide bien el diseño de las convocatorias, sino que si por alguna razón no logran tener las ternas en seis semanas, la norma regresa el proceso de selección a los diputados y diputadas, con lo que todo el avance en este esfuerzo de ciudadanizar este esquema anticorrupción se podría ir al caño.
La propuesta es mover ese plazo al 15 de marzo del 2018 y entrevistados ayer en Notivox RADIO, tres de los cinco consejeros se mostraron de acuerdo en hacer esta modificación para cumplir mejor esta primera y trascendental tarea.
Aprobar esta petición, además de dar más tiempo a los miembros del recién instituido Comité de Participación del SEA, ampliaría los tiempos a los propios diputados para discutir las reformas pendientes para renovar el diseño institucional de la Fiscalía, independiente del Ejecutivo, y del resto de las dependencias que formarán parte del engranaje de este nuevo sistema.
Voltear a ver todos los contratiempos que ha tenido la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene tres años de retraso en el nombramiento de los Fiscales, y que hizo crisis con el caso del Fiscal Carnal y se agravó con la expulsión y repentina resignación del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, deja claro que es mejor ir con pasos seguros para no empantanar también aquí el proceso, como apuestan muchos desde el poder, que se resisten a ser realmente fiscalizados.
Ojalá, pues, que en el Congreso local, y en particular la Junta de Coordinación Política, reagenden una reunión con el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, a la que incluso inviten a los nuevos consejeros, y se vuelva a discutir esta propuesta que subestimaron hace dos semanas.
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