Por la crisis de los narco ordeñadores de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estalló a principios de mes cuando los también llamados huachicoleros enfrentaron al Ejército causándoles 4 bajas, en un enfrentamiento en que murieron otras seis personas, luego del violento asalto a una familia que hicieron este grupo de delincuentes en Palmarito, Puebla, al Presidente de la República, Enrique Peña, no le quedó de otra que ordenar diseñar una estrategia para tratar de detener este creciente despojo al País, que se multiplica a diario por la impunidad que impera.
Aunque la instrucción presidencial llega con varios años de retraso, antier se integró por fin el llamado Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles. Sesionaron en Palacio Nacional representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Energía, de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Llegaron también los gobernadores de Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.
En el papel la iniciativa parece acertada y se debió haber integrado desde que el robo de hidrocarburos creció exponencialmente hace al menos tres años. Si cada una de estas dependencias investiga a sus directivos, empleados y elementos que se han coludido con grupos de la delincuencia organizada para robar y comercializar los hidrocarburos, que les dejan ganancias de miles de millones de pesos, es seguro que se puede desmantelar esta trama corrupta.
Por eso, no es buena noticia que Jalisco, donde también este problema está fuera de control, no haya sido incluido en este Grupo de Coordinación. Más aún si se recuerda que fue en Jalisco donde se registró el primer ataque al Ejército de parte de los huachicoleros en el municipio de Guachinango. Ocurrió el 12 de mayo de 2014 cuando emboscaron a una misión militar que les había decomisado miles de litros de combustible robado. Dispararon a los bidones recuperados y provocaron la muerte de cuatro militares. Hace apenas unas semanas, una fuga provocada por una toma clandestina puso en riesgo a tres mil ciudadanos de Tlajomulco que debieron ser desalojados y un grupo armado arrebató a la PGR seis de 12 pipas con hidrocarburos robados que les habían asegurado. Sobresaltos que sirven sólo como muestra del poder adquirido por estas mafias.
Jalisco ocupa el sexto lugar nacional en el número de ordeñas clandestinas, y Tlajomulco y Zapotlanejo, figuran también en los primeros lugares a nivel municipal, por ello las autoridades estatales están obligadas a seguir de cerca, e incluso a tocar la puerta de ese Grupo, donde aseguran, se buscará diseñar por primera vez una estrategia integral para enfrentar este negocio ilegal que le representa a los huachicoleros más de 30 mil millones de pesos, muchos de los cuales salen de los hidrocarburos robados aquí.
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