A propósito del principal ritual que los creyentes católicos viven todos los viernes de Semana Santa como hoy, conocido como Viacrucis con el que recuerdan las nueve caídas de Cristo, cargando su cruz hacia el Calvario para su crucifixión, viene bien retomar el tema que dejé pendiente el miércoles de los también condenados a pisar alguna de las cárceles mexicanas, que son unas verdaderas junglas en manos, la mayoría de ellas, de autogobiernos a la orden de los grupos delincuenciales de las regiones donde se enclavan.
El mayor sufrimiento y violación de sus derechos humanos desde luego lo padecen los reclusos pobres que están ahí por delitos menores por carecer de recursos para pagar abogados, y que son presa de explotación, junto con sus familias, de las mafias que controlan las cárceles de las que sacan millonarias ganancias, o presa fácil para sumarse a sus bandas delictivas, en colusión con las autoridades carcelarias. Padecer hacinamientos en celdas, alimentación incomible y el acoso permanente del autogobierno delincuencial es cosa de todos los días. Verdaderos calvarios.
Para tratar de enfrentar la profunda crisis del sistema penitenciario mexicano, que agrava la inseguridad que en teoría debería ayudar a corregir, por ser las prisiones fuentes inagotables de recursos que incrementan el poder corruptor de los delincuentes que operan afuera, en junio pasado se aprobó la Nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas (LNEP). Su implementación debe darse gradual en 4 años. Es decir la fecha límite será en julio de 2020.
Organizaciones de la sociedad civil observadoras y expertas en temas de seguridad preocupadas porque ahora sí se ejecute esta nueva Ley en tiempo y forma y las cárceles sean arrebatadas a la delincuencia, y se logren modelos de verdadera readaptación social a los infractores, decidieron construir el primer Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria, que entre otras cosas plantea el primer levantamiento de la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL). Su realización se inició en octubre del año pasado en las cárceles de todo el País donde se busca que los presos contesten un cuestionario de 224 preguntas, para recabar desde los datos personales de cada reo, las características sociodemográficas y sus antecedentes generales. Se les preguntará sobre su detención para ver si se cumplió el debido proceso, qué delito cometió para ser procesado, si ya está sentenciado o no, cómo vive la vida intracarcelaria y cómo ve la infraestructura de su centro penitenciario en cuanto al acceso a servicios y bienes, las características de las relaciones sociales en términos de violencia entre los internos y los custodios y autoridades carcelarias y sobre sus expectativas de salida y proyectos futuros, entre otros.
El gran reto es que los encuestadores del INEGI logren las condiciones necesarias para preguntar sin presiones y lograr la meta de dar a conocer los resultados el 31 de julio próximo. La tarea no es fácil. El primer obstáculo serán las poderosas tramas corruptas que sacan millones de pesos diarios a través de los autogobiernos delincuenciales pero que llegan a los más altos niveles del poder político y policial. El INEGI deberá ser muy claro dónde sí y dónde no pudo. Esa podría ser una primera pero muy importante contribución inicial. Veremos.
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