La avalancha de cinco convocatorias aprobadas para elegir a los diez funcionarios que darán vida al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con una velocidad y unanimidad pocas veces vista en el Congreso local, eclipsó la entrada en la escena pública esta semana de Freddy Mariñez Navarro, Lucía Almaraz Cazares, Annel Vázquez Anderson, José de Jesús Ibarra Cárdenas y de Jorge Alberto Alatorre, los integrantes del primer Comité de Participación Social (CPS) de este Sistema en construcción.
Sin duda es una mala noticia que las y los notables anticorrupción no hayan tenido oportunidad de participar en el diseño y la elaboración de estas convocatorias. Qué hubiera pasado, por ejemplo, si a la Comisión Ciudadana de Selección, que trabajó arduamente el último mes y medio para seleccionarlos a ellos, les haya sido definida e impuesta por los diputados la metodología para integrar el CPS. Dudo mucho que alguno de los y las nueve integrantes lo hubiera aceptado.
Los términos de dichas convocatorias, elaborados desde la partidocracia, los acotaron peligrosamente y con ello se puso en riesgo desde el primer momento el cumplimiento de las expectativas de que sean ellos los que controlen el proceso para salir de la lógica de las cuotas y cuates que ha reinado siempre en el Congreso. La redacción de las convocatorias en las que participará el CPS, cuatro de cinco, (Fiscal Anticorrupción, Auditor, tres magistrados y tres jefes de los órganos técnicos, no en el más importante, el titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del SEA) es ambigua y no precisa el peso que tendrá la opinión técnica de los consejeros ciudadanos cuando los diputados en su asamblea y “libertad soberana” los elijan el 14 de diciembre.
Lamentable también que haya sido ignorada la petición del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de ampliar el plazo del 15 de diciembre al 15 de marzo para cumplir con esos nombramientos. El riesgo, como ya lo hemos comentado, es que si en seis semanas el CPS no cumple, las designaciones pasarán a manos de los diputados y diputadas, con lo que se perdería la incipiente participación ciudadana en el armado del SEA.
El debut de los y las notables anticorrupción, en este contexto, fue también silencioso. Acataron sin chistar estas difíciles condiciones que les significarán llegar a trabajar a la defensiva y con muchas prisas. Con las condiciones y las reglas que los partidos políticos les determinaron sin su participación como hubiera sido lo ideal.
No fue, pues, el inicio esperado. El poder político que se quiere fiscalizar y vigilar para combatir la corrupción y la impunidad avasalló en el arranque a nuestros notables. Ojalá que eso no sea la premonición de que el Sistema Estatal Anticorrupción pueda nacer muerto.
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