Hoy viernes concluye el último plazo de las cinco convocatorias para elegir a los 10 funcionarios que darán vida al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que con una inacostumbrada diligencia, velocidad y unanimidad aprobaron el pasado 31 de octubre los y las diputadas de la LXI Legislatura.
Los aspirantes que menos tuvieron tiempo de elaborar y reunir la documentación solicitada fueron los aspirantes a ser contralores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia e Información Pública, del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Administrativo del Estado, TAE) y del Tribunal Electoral. Conocieron los términos de la convocatoria el miércoles 1 de noviembre y tuvieron hasta la tarde del martes 7 para inscribirse.
Sólo 16 lograron hacerlo ante la Comisión de Gobernación.
El miércoles cerraron las inscripciones para los aspirantes a ocupar alguna de las tres magistraturas que integrarán la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Quedaron anotados 72 candidatos en la Comisión de Justicia. Ayer jueves concluyeron los plazos para Auditor Superior y para el Contralor de la Secretaría Ejecutiva del SEA (único cargo que no será revisado por el Comité de Participación Social (CPS) ya que sus cinco integrantes serán fiscalizados por esta contraloría). Para Auditor se registraron 22 ante la Comisión de Vigilancia. Para contralor siete ante la Comisión de Responsabilidades.
A reserva de ver hoy en cuántos cierra la convocatoria para Fiscal Anticorrupción, las y los cinco notables del CPS recibieron ya esta lluvia de 110 expedientes que tendrán que analizar para elaborar la recomendación técnica y sugerir los mejores perfiles a los diputados, que tendrán que votar y definir estos cargos el 14 de diciembre.
Habrá que esperar y ver hasta qué grado este proceso fast track diseñado desde la partidocracia y sin intervención alguna de la representación ciudadana del CPS, limitó y afectó la calidad de los perfiles que se registraron, y que eventualmente terminen por afectar el nivel y la independencia del SEA. En ese sentido, los notables anticorrupción tendrán que estar muy atentos a que entre los inscritos no vayan algunos a los que se les haya filtrado previamente el contenido de las convocatorias para darles ventajas ante sus competidores, y con la finalidad de buscar tener en el futuro funcionarios anticorrupción a modo. Desde luego desde hoy la gran incógnita es el peso que tendrán las valoraciones del CPS en el momento que en su asamblea y "libertad soberana" los diputados voten por los funcionarios anticorrupción. Ni la Ley, ni los términos de las convocatorias hacen vinculantes la opinión de los notables. Por ello será indispensable exigir a los diputados honrar la palabra empeñada de que tomarán en cuenta sólo los perfiles aprobados por el CPS. También exigir decisión y arrojo a los notables para hacer valer sus evaluaciones o de lo contrario denunciarlo claramente. Sin duda, el acompañamiento y el mayor respaldo social posible a su trabajo será también determinante para que el SEA no quedé en una simulación más.
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