La versión Jalisco del Frente Ciudadano por México, que apenas 24 horas antes todos daban por un hecho por el apadrinamiento que hicieron los y la dirigente nacional del PRD, PAN y el partido Movimiento Ciudadano, en el propagandístico acto encabezado por Enrique Alfaro el martes en la Expo-Guadalajara, con motivo de su segundo informe de gobierno, se dinamitó ayer tras el conflicto que estalló en el Congreso local por el nombramiento de dos magistrados.
Por oponerse a que se les tomara protesta, bajo el argumento de que había recursos legales que lo impedían, y la lógica de cuotas con la que aseguran se les designó, los panistas no sólo fueron destituidos de la presidencia de la mesa directiva del Congreso, sino también despedidos dos funcionarios del Poder Legislativo, ligados a ese partido.
Los panistas, al igual que ya lo había dicho el diputado independiente Pedro Kumamoto, despotricaron a redes abiertas que se trataba de una prueba más de la transición pactada que tienen los naranjas y los priistas de cara al 2018. Lo cierto es que ayer también los perredistas y el resto de los partidos representados en el Congreso apoyaron la llegada del líder de los diputados pemecistas, Ismael del Toro, a la presidencia de la nueva mesa directiva, para concretar el arribo de los magistrados. Por ello, también vía redes, los panistas de Jalisco reclamaron a su líder nacional Ricardo Anaya, reconsiderar su estadía en el Frente por considerar que el PAN fue pisoteado ayer en Jalisco por sus aliados amarillos y naranjas.
Más allá de ver si Anaya atiende o ignora el reclamo y lo que ocurra con la alianza PAN-PRD-MC, y ver a detalle si los dos flamantes magistrados realmente son los mejores perfiles de los más de 50 que se anotaron para buscar esas dos posiciones del Poder Judicial, no es una buena noticia que hoy que vence el plazo para que los diputados designen a los nueve integrantes de la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso atraviese por esta crisis. Menos aún cuando los panistas, por convicción o por enojo, aseguran que el PRI y el partido Movimiento Ciudadano no "sólo irán por el Poder Judicial sino por una Sistema Estatal Anticorrupción y una Fiscalía General a modo".
Ojalá que hoy en el Congreso se desmientan con hechos estas versiones y de verdad se elijan a los nueve mejores perfiles que integren este cuerpo colegiado al que le tocará la grave responsabilidad de seleccionar a los cinco notables jaliscienses, que se integrarán por primera vez en la historia a un Sistema Estatal Anticorrupción.
Lo dicho: lo innegociable es que los que se nombren hoy, pasen la prueba de la independencia, al no pertenecer a la nómina de ningún ente público que sea sujeto obligado por la Ley de Transparencia, y que su reputación esté libre de cualquier sospecha. De no ser así, será una señal clara que la partidocracia local echó a andar de nuevo la maquinaria para perpetuar la corrupción y la impunidad que han disfrutado por años, y que buscan defender a toda costa y a cualquier precio.
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