La agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés (Drug Enforcement Administration) publicó hace una semana su informe anual Amenazas de Drogas 2017 en el que confirma que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, es el grupo delincuencial de mayor crecimiento en México. En el informe ubican el nacimiento de esta organización criminal en 2010, cuando se separan del cártel de Sinaloa, y empiezan a dominar la operación de distribución de metanfetaminas, cocaína, heroína y mariguana en la mayoría de los estados de la República y de Estados Unidos. Según el informe, ese crecimiento se ha reflejado en que las investigaciones del gobierno norteamericano contra el CJNG pasaron de 26 en 2016 a 46 en lo que va del 2017. Identifican como su principal operador en suelo estadounidense a Jorge Luis Mendoza Cárdenas, La Garra.
Los otros cinco cárteles mexicanos que les siguen en poder e influencia en aquel país, según la DEA, son el cártel de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo, el de los Zetas, y el de los Beltrán Leyva, que podría estar siendo dominado por los Guerreros Unidos.
Luego de publicado este informe, el gobierno mexicano, a través de la Procuraduría General de la República, señaló que a esos cárteles había que añadir al menos otros tres: el cártel de Tijuana, el de la Familia Michoacana y a los Caballeros Templarios.
Actualizado, pues, el panorama narco en el País, tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense, lo que nos debemos preguntar es el papel que jugarán en los procesos electorales en marcha, tanto a nivel nacional, pero en especial a nivel estatal y municipal en Jalisco, donde tiene su asiento el grupo mafioso dominante.
Las historias de narco-política abundan. La intervención del narcotráfico en la designación de candidatos del más alto nivel hasta los municipios más pobres de México ha quedado documentado en videos, denuncias e investigaciones oficiales y periodísticas desde hace décadas. Sin embargo, la infiltración y el poder corruptor de los capos, lejos de haberse detenido, es creciente. Apenas en las pasadas elecciones, tanto en la del 2012, como en la intermedia del 2015, y por toda la crisis de seguridad desatada por las disputas de los grupos delincuenciales, y las cada vez mayores agresiones a representantes de la clase política y gubernamental, autoridades de los tres niveles de gobierno y los propios dirigentes de los partidos políticos debatieron a quien tocaba blindar a estos institutos para detectar y evitar postular a personajes ligados con las mafias, sin que hayan definido ni acordado una estrategia para hacer frente esta amenaza, con la que se toparán en 2018 más fortalecida que nunca. Habrá que ver cuál es el partido y lideresa o líder político que sale de la inercia y deja de ignorar esta inocultable problemática con algún planteamiento de solución, que abra el debate para exigir respuestas de la autoridad. El silencio sólo robustece a estos cárteles, que seguro ya analizan con quien jugar en el País, en los Estados y en los municipios.
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