A propósito de las libertades públicas, es oportuno poner en la mesa de debate cómo debe ser la actuación del Estado ante las marchas y manifestaciones, en donde la obligación es garantizar el orden público y los derechos de las personas.
El caer en un dilema sobre esta obligación de la observación y aplicación general de la ley para garantizar la cohesión social, el orden y bien público temporal es crear un falso debate. El uso legítimo de la fuerza pública hoy en día, bajo los nuevos argumentos del régimen, no se debería de estar cuestionando, al tener un origen democrático.
Hay que señalar que en el sentir social, sigue presente la herida del movimiento estudiantil de 1968, por lo que resulta siempre automática la asociación de marchas con la represión policial.
Pero hay que tener en cuenta que el país ha cambiado, la sociedad ha madurado, dejando de lado el autoritarismo del pasado y dando pie a la disonancia cognoscitiva del presente.
Ante esta nueva realidad, los gobernantes deben adaptarse a las expresiones sociales, pero con los instrumentos que señala la ley.
Implementar “cinturones de paz” supuestamente voluntarios con servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México es una irresponsabilidad, porque es exponerlos a grupos de choque que han venido realizando actos de vandalismo.
No es posible que el Estado Mexicano se autolimite en sus facultades y obligaciones; pero sobre todo, se exponga a la población a situaciones de riesgo ante la negación de querer utilizar la fuerza pública, que además cuenta con una regulación normativa y protocolaria, que les permite actuar de manera disuasiva, proporcionada y coactiva. Hacerlo es garantizar las libertades, que es justo un logro del avance democrático que hemos concretado en nuestro país, ¿no cree usted?
