El debate en torno a las calificadoras de riesgo ha sido el tema central de las últimas semanas, y se ha venido consolidando la postura del Gobierno Federal de restarle importancia a sus recomendaciones, que por cierto han generado ya sus primeros impactos en el sector empresarial, al haberse generado un efecto cascada en la perspectiva de calificación de algunos grupos empresariales de gran importancia.
Al margen de cualquier tipo de argumentación ideológica, la propuesta en materia económica de la actual administración federal se ha perfilado en su discurso hacia un modelo que podríamos catalogar de más humano, o con causa social, lo cual suena razonable y hasta necesario, dado los grandes niveles de desigualdad que existen en nuestro país.
Pero no basta con la intención ni los buenos deseos. En un mundo globalizado, tanto por la dinámica comercial como por las tecnologías y la misma economía, pretender ignorar los mecanismos financieros internacionales no parece ser la mejor apuesta.
Ir en contra de los organismos internacionales suele ser una veta que se puede explotar en el aspecto político y en el discurso, para los países en vías de desarrollo y las economías emergente es una apuesta muy alta, y en los casos de países que lo han intentado, los resultados han sido fatales para su economía doméstica.
Ahora que escuchamos todos los días sobre calificaciones financieras y descalificaciones políticas, es momento de hacer un alto y pedir que se pase de la estridencia de los discursos a las acciones que no afecten las inversiones ni la estabilidad financiera del país. El reto es encontrar el punto medio en donde la gente escuche lo que le gusta de sus líderes, pero sin que le afecte en el mediano y largo plazo su bolsillo, ¿no cree Usted?
