Cada agente del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, deberá atender, sin demora ni intermediarios, a víctimas de fraudes financieros y patrimoniales, con lo que la Procuraduría de Justicia local, ante su próxima conversión, inició una nueva forma de registro electrónico. Una lupa bajo la cual estarán los funcionarios para evitar rezagos e inhibir la corrupción.
Sucede en muchas ocasiones: denunciantes y víctimas se han visto enredados en trámites burocráticos o deshonestidad. Es frecuente en Ciudad de México. Un ejemplo: una persona comercializa una propiedad que no es suya. Transcurre el tiempo y no pasa nada. En todo este enredo siempre será perjudicado el denunciante, pues el proceso se alarga.
Es lo más común.
Otro caso: un cliente contrató a un arquitecto para que construyera una casa en zona residencial, pero lo hizo con especificaciones contrarias a las que había prometido; además, usó material de menor calidad. El ofendido, colega suyo, lo detectó de inmediato e hizo la denuncia; entonces inició la carpeta de investigación, pues había traicionado su confianza.
—La confianza es parte de la transgresión.
—Sí, la confianza —responde Édgar Pineda Ramírez, fiscal general de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de CdMx— es base del delito: es una cuestión muy importante para que la persona entregue un dinero o haga un contrato y establezca condiciones
Digitalizar y agilizar son mecanismos básicos para terminar con vicios. Lo asegura el propio Pineda Ramírez, e informa que hasta la primera quincena de abril tenían mil 518 expedientes, de los cuales 330 son averiguaciones previas del sistema de justicia penal anterior, y mil 205 carpetas de investigación que llevan con el nuevo sistema.
Ahora hay un registro preciso de personas que consultan expedientes, mismo que se enlaza con otro diseñado para el control y orden de las citas programadas.
Pineda Ramírez muestra en gráficas el novedoso programa, que también permitirá conocer el ritmo de trabajo de cada Ministerio Público.
Toda resistencia es normal en los servidores públicos, pero cualquier guiño de corrupción, abulia o demora injustificada serán detectadas, pues estarán bajo la inspección de los superiores. Es solo una parte de lo que será la próxima fiscalía general de Ciudad de México.
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Los principales delitos que atiende la fiscalía son clasificados como Fraude específico, Fraude genérico y de Administración fraudulenta, explica Pineda Ramírez, quien se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación.
El funcionario, que ha recibido cursos para el Combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ejemplifica con otro caso de fraude:
—Un administrador que apresta de efectivo de la empresa, para ella u otra persona, elevando precios de algún producto inexistente o que no correspondía a la realidad, pero por la facilidad que tiene de control y dispersión del efectivo, pues disponen indebidamente del dinero.
Casi todos los fraudes tienen la misma mecánica, explica Pineda Ramírez, con diplomados en Práctica Forense, Juicio Oral y Sistema Penal Acusatorio, e ilustra con el caso de una persona que compró un inmueble y al momento de tomar posesión encontró a otra que también habían adquirido los mismos derechos sobre la propiedad.
Uno más fue el de otra persona que adquirió una casa en dos y medio millones de pesos, que en la realidad tenía un valor de 5 millones. La sospecha queda clavada.
—¿Y ahí qué hacen?
—Se investiga y se empieza a recabar la información en el Registro Público de la Propiedad sobre la identidad de la persona que lo vendió y se gira un oficio de investigación a la policía, y con todo esto se reúnen elementos para que se pueda llevar ante un juez de control.
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El Fraude genérico es cuando una persona ofrece a otra, a precios bajos, la venta de derechos reales de supuestos inmuebles que se encuentren en litigio; Fraude específico es la venta indebida de un inmueble “donde el sujeto de la conducta criminal transmite los derechos de dominio y de propiedad, sin tener la libre disposición o sin ser el legítimo propietario”, explica Pineda Ramírez.
—Y el Delito de administración fraudulenta.
—Sí, esa es una conducta prácticamente oculta —explica el funcionario—, donde el agraviado no se percata de forma inmediata del quebranto de su patrimonio y puede descubrirla a través de auditorías.
—¿Un cambio de rostro en la procuración de justicia?
—Un cambio total —responde de inmediato Pineda Ramírez, entrevistado en su oficina—; es la parte humana del modelo de transparencia.
Y los funcionarios que no tienen un actuar regular, admite Pineda, "son los que se resisten al cambio".
En la plática participa Rodrigo de la Riva Robles, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, quien comenta que se trata de realizar un trabajo de manera transparente y “no en lo oscurito”; es decir, dar un trato “digno e igual a las personas”.
Con maestría y doctorado en Ciencias Penales, así como una extensa carrera en el servicio público, De la Riva Robles, autor de cinco libros sobre la materia, dice que el servicio personalizado permite dar confianza a la gente y “dignificar nuestro trabajo con estricto apego a los derechos humanos”.
