Un ministro de la Suprema Corte fue detenido el sábado en la madrugada en Torreón. Ebriedad en segundo grado, dice el dictamen médico elaborado a las 2:05 de ese día por el médico de turno en la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio, con su número de cédula profesional al calce.
Al aplicarle la prueba -la número 01772- a una persona que dijo llamarse Javier Laynez, ésta arrojó un resultado de 0.440 mg/L de alcohol, por arriba del límite tolerado. Unas horas más tarde, la historia comienza a correr por las redes, incluso con los documentos personales del ministro. Ante el escándalo, la oficina de comunicación de la Suprema Corte circula un comunicado del ministro Javier Laynez donde éste narra su versión de lo ocurrido.
En síntesis, rechaza haber conducido ebrio, aunque sí admite que iba en su auto cuando fue detenido por un agente (clave 37369, unidad V-012) y que estuvo encerrado hasta que sus familiares pagaron 6 mil 500 pesos, en efectivo y sin comprobante, para liberarlo. También condena el conducir con alcohol, pero declina cualquier acción ulterior en contra de quienes lo habrían extorsionado.
Más allá de creer o no la palabra del ministro, pues no aporta mayores evidencias, y de las autoridades del municipio, que defienden la actuación de sus agentes, pero prefieren evitar la controversia, el tema es clave para la salud y para las políticas públicas.
El alcohol y los automóviles son igual de mortales en México. Según el Inegi en accidentes de tránsito mueren 17 mil personas al año.
El alcohol es otra de las principales causas de muerte. Mueren 14 mil personas al año por “enfermedad alcohólica del hígado”, causante además de cirrosis, pancreatitis, cáncer de boca, esófago y del tracto digestivo, problemas gastrointestinales, úlceras estomacales, reflujo ácido, ausentismo, depresión, etc., entre otros problemas.
Y aún así, todos los días miles de personas salen a la calle a conducir sus vehículos después de haber bebido más de lo que la prudencia aconseja. Los productores de bebidas alcohólicas, mientras tanto, enfatizan el “autocuidado de la salud y la responsabilidad en el consumo de alcohol”.
Campañas que no han funcionado como sí lo ha hecho el programa Conduce sin alcohol, establecido en Ciudad de México hace 19 años y que tiene versiones estatales en todo el país. Es quizá la única política pública que ha funcionado bien para abatir las muertes al volante combinadas con el alcohol.
Debo confesar que me gusta beber, incluso hago cerveza artesanal en casa (para consumo propio) y de vez en cuando echo un trago con amistades o con la familia, sobre todo en celebraciones, pero estoy convencido de que la tolerancia social que tenemos hacia el consumo de alcohol y el volante es inadmisible.
No solo son las muertes, sino los miles de años de vida perdidos y el impacto que tienen en la productividad además de la sobrecarga de trabajo en los hospitales, que tienen que atender los mortales borrachazos del fin de semana.
Digamos basta y apoyemos los alcoholímetros así como a las miles de personas que trabajan en ellos.
Héctor Zamarrón
@hzamarron
