Pocos programas públicos han logrado lo que el alcoholímetro ha conseguido en sus 17 años de existencia: una reducción de por lo menos 30 por ciento en los accidentes viales y 20 por ciento en la mortalidad. Literal, el programa Conduce sin alcohol —y sus similares en las principales ciudades del país— han salvado miles de vidas.
Tiene además la ventaja de ser muy bien recibido por los ciudadanos en las encuestas —cfr. Parametría— por su balanceado diseño entre prevención y sanciones. Protege vidas y educa con el ejemplo. Los artistas y políticos detenidos y enviados a cumplir sus horas obligatorias de sanción en “el Torito” incluyen no sólo estrellas de tv y cine (Rebecca Jones, Roberto Sosa), cantantes famosos (Zoé), gobernadores (Corral) sino a miles de ciudadanos.
Por ello hay que darle la bienvenida al refuerzo que tendrá el programa con las medidas anunciadas este miércoles 27 por el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous. Son dos sencillas modificaciones.
Con la anunciada reforma al Reglamento de Tránsito se elimina la posibilidad de que acompañantes retiren el vehículo del o la infractora y este será trasladado directamente al corralón. La otra medida consiste en que el vehículo se entregará sólo hasta que la persona cumpla con sus horas de arresto, por lo que si se ampara no podrá retirar su automóvil, además de que deberán pagarse todas las multas que tenga acumuladas.
El alcoholímetro, pruebas rápidas de alcoholemia en retenes itinerantes, nació en 2003 cuando el jefe de Gobierno de la capital era el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y desde entonces se convirtió en una de las políticas públicas mejor evaluadas en el país.
Este empujón al programa Conduce sin alcohol viene junto con una serie de medidas encaminadas a proteger a peatones y ciclistas, que fue anunciada como el Plan de Protección al Ciclista e incluye otros cambios menos notorios pero igual de importantes.
Ante el desamparo en que quedan las víctimas de un accidente, perdidos en la maraña burocrática del Estado, se crea un protocolo de atención a hechos de tránsito, así como una comisión de seguimiento interinstitucional, además de una reforma al código penal para endurecer las penas cuando los conductores causen lesiones graves o muertes.
Por último, hay un eje enfocado a los operadores del transporte público, con sanciones directas a la ruta involucrada, que van desde la suspensión de la licencia hasta la revocación de concesiones, así como la obligatoriedad de pólizas de seguros completas y no las mutualistas con las que operan los microbuses y que, al momento de un accidente, no cubren los daños.
¿Son suficientes estos anuncios ante la crisis vial que padecemos? No.
¿Es lo único que se está haciendo? Tampoco.
Las ciudades tienen un problema estructural que no nació con este gobierno ni se terminará con él.
El trabajo para mejorar la vida en nuestras ciudades es arduo y largo, así que no queda tiempo para peleas o discusiones estériles cuando lo que requieres es acelerar el paso. Lo importante es conocer el rumbo.
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