Los automovilistas que circulaban el pasado viernes por la avenida Insurgentes, rumbo a Ciudad Universitaria, se encontraban de frente con una enorme figura de pato, un pato bicolor como los que habitan en los humedales del sistema lagunar que aún sobrevive al sur de la Ciudad de México.
Ese pato de cartón-papel maché, construido al estilo de los judas que se queman en Semana Santa, era enarbolado en una manifestación de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, un grupo de ciudadanos que sostienen una lucha desigual frente al gobierno de la capital que les impuso un distribuidor vial de 23 mil metros cuadrados de concreto.
En la lucha jurídica, los habitantes de Xochimilco han logrado victorias parciales que obligaron a frenar las obras hasta en dos ocasiones. La más reciente fue lograr que el 15 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocara la resolución que permitía continuar con las obras del puente vehicular, además de ordenarle al juez quinto de distrito, Juan Carlos Guzmán Rosas, pronunciarse sobre la solicitud de la grabación completa de la sesión de Comité Nacional de Humedales, lo que llevaría a demostrar la forma en la que Sedema tergiversó información ante una autoridad judicial para destruir el humedal.
También hay una lucha social en curso por parte de los vecinos en la defensa del suelo de conservación y los derechos ambientales, con uso de todas las herramientas a su alcance, incluida la nueva Constitución de la Ciudad.
Otro pueblo, el de Xoco, ubicado en los límites de Coyoacán con la alcaldía Benito Juárez, resiste a la virtual expropiación de una calle clave para su acceso y movilidad, la de Real de Mayorazgo, disputada por los constructores de la torre Mítikah, que consiguieron del gobierno local autorización para cerrarla al tránsito vehicular y para convertirla en un área peatonal que conecte sus dos megaconstrucciones en el sur de la ciudad.
Los habitantes de Xoco se oponen porque intuyen que ese espacio peatonal “público” terminará con vigilancia privada y acabará por excluir a los habitantes o a quienes usaban esa vía para llegar al panteón de Xoco, al Hospital de Urgencias, a la Cineteca Nacional, a la Sociedad de Autores y Compositores de México y al Instituto Mexicano de la Radio.
Otras luchas desiguales, porque enfrentan todo el peso del Estado, son las que los pueblos y comunidades del sureste han emprendido frente a la imposición del Tren Maya, sin respetar su derecho a la consulta y con la promesa de un bienestar más lejano de lo que les prometen.
Así pasa también en el pueblo de Morelos frente a la termoeléctrica de La Huexca, donde esa lucha le costó la vida al activista medioambiental Samir Flores, cuya muerte no ha sido aclarada.
Son pueblos en resistencia, más allá del color del gobierno en turno, así como en su oportunidad lo hizo Jane Jacobs en Nueva York, una periodista y activista que logró frenar la destrucción de esa ciudad frente a los intereses de los desarrolladores y políticos y a quien se recuerda cada 4 de mayo.
Héctor Zamarrón
Twitter: @hzamarron
