La historia nos ha enseñado que penalizar el aborto no lo impide pero sí hace que su práctica se realice en la clandestinidad, sin regulación, con procesos inseguros que pueden terminar en secuelas de salud y hasta en muertes, pero sobre todo, la penalización aumenta la desigualdad social y la discriminación.
A los grupos antiderechos y conservadores —que es la forma precisa de llamarlos porque eso son y no “provida” como se autodenominan— no les importa que la persecución de las mujeres detone más conflictos que los que buscan evitar.
Se meten en los ovarios de las mujeres y se olvidan que son hombres como ellos quienes embarazan a las mujeres, hombres educados en el conservadurismo y en la concepción de la mujer como un ente creado para satisfacer sus deseos de procrear.
Permitir el aborto tampoco obliga a nadie a hacerlo ni impone credo religioso alguno, al contrario, mientras respeta la libertad de creencias permite a quienes lo necesitan el acceso a una interrupción del embarazo en condiciones de seguridad.
Por eso la Suprema Corte en México aprobó dos sentencias fundamentales: la primera, que no puede perseguirse a las mujeres ni a quienes las acompañan por tomar esta decisión, es decir que las 32 entidades no pueden penalizar a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo.
La segunda decisión fue la objeción de conciencia. Si un médico decide abstenerse de atender una solicitud de aborto por razones ideológicas puede hacerlo, pero el Estado no.
El cambio de tendencia llevó a que en México haya ya nueve estados donde se permite el aborto por decisión libre de la mujer antes de las 12 semanas de gestación, pero esos cambios no han sido fáciles ni rápidos.
Fue en 2007 cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (hoy su Cámara de Diputados), aprobó la interrupción legal del embarazo, lo que desató una ola conservadora encabezada por legisladores del PRI y el PAN, sobre todo, para aprobar en los estados que gobernaban cambios constitucionales que permitían perseguir a las mujeres, a partir del llamado derecho a la vida o la protección a la vida desde la concepción.
Pasaron 12 años hasta que en 2019 el estado de Oaxaca aprobó también despenalizar y permitir la interrupción del embarazo, con lo que arrancó una nueva ola progresista a la que se han sumado los congresos de Hidalgo, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Veracruz, entre otros.
Pero los cambios no son definitivos ni para siempre, como lo muestra el caso de Estados Unidos.
Ojalá y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que echa atrás medio siglo de historia al devolverle a los estados la facultad de decisión sobre el aborto y eliminar su protección a nivel federal, no alimente una ola de conservadurismo que contagie a México.
Esa decisión llega justo cuando en América Latina crece la llamada ola verde, el movimiento feminista en pro de un aborto libre, seguro y gratuito, toca a la sociedad defender sus avances.
Héctor Zamarrón@hzamarron
