Tras la aprobación de la reforma judicial en las cámaras de Diputados y Senadores, y en medio de una notoria sensación de urgencia, al menos diez estados ya han avalado la reforma después de someterla a votación en sus respectivos congresos. Con estos avances, parece inevitable que en las próximas horas o días se cumpla con la aprobación de al menos el 51% de las legislaturas locales (18 estados) para que las reformas constitucionales sean formalmente aprobadas.
Una vez que la reforma haya sido ratificada por el constituyente permanente, el presidente de la república deberá promulgarla en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, comenzarán los preparativos para lo que será una tarea inédita y compleja: la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular.
Este proceso, que a simple vista parece monumental, contempla que los ciudadanos elijan a nueve ministros de la SCJN, a 910 magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y a 737 jueces de Distrito (cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 - INEGI). De acuerdo con la reforma, en el caso de los ministros de la Corte, cada uno de los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propondrá a 10 personas, sumando un total de 30 candidatos. De esa lista, los ciudadanos deberán elegir a nueve ministros entre 270 aspirantes.
Aunque esta cifra solo se refiere a los ministros de la SCJN, aún no está claro cómo se estructurará el proceso de selección para magistrados y jueces a nivel federal y local, lo que añade una capa de incertidumbre y complejidad al proceso.
Uno de los mayores desafíos será hacer que los ciudadanos se involucren en una elección de esta magnitud. La falta de conocimiento sobre los candidatos, su trayectoria profesional y su capacidad técnica plantea dudas sobre cómo la población decidirá su voto. Esto se convierte en una tarea titánica para el Instituto Nacional Electoral (INE), que ahora tendrá la responsabilidad de organizar un proceso electoral completamente nuevo para elegir a los miembros del poder judicial, un ámbito que hasta ahora ha estado relativamente alejado de la esfera electoral.
Aunado a esto, existe la preocupación sobre la integración del Comité de Evaluación, que estará conformado por cinco personas "reconocidas" en el ámbito jurídico, según dicta la reforma. Este comité será el encargado de evaluar a los aspirantes, verificando que cumplan con los requisitos constitucionales en cuanto a conocimientos técnicos, honestidad, buena reputación, competencia y antecedentes académicos y profesionales.
Uno de los puntos más críticos es la falta de claridad sobre cómo se conformará este Comité de Evaluación. La reforma menciona que sus miembros serán personas de "reconocida trayectoria jurídica", pero no establece quiénes serán los responsables de su designación. Esta vaguedad genera una serie de preguntas sobre la imparcialidad, transparencia y eficacia del comité, y añade combustible a las críticas de los opositores a la reforma, quienes señalan que estos vacíos legales y de procedimiento pueden abrir la puerta a intereses políticos.
Por lo que,consideramos que la reforma judicial representa un cambio estructural significativo en la forma en que se selecciona a los miembros del poder judicial en México. Sin embargo, la falta de detalles claros en su implementación, sumado a la magnitud de los desafíos logísticos y políticos que plantea, deja a muchos con más preguntas que respuestas. La reforma puede estar avanzando a paso rápido, pero su éxito dependerá de cómo se aborden estas preocupaciones fundamentales.
