El Acceso a la Información (DAI) es un derecho universal reconocido por la Unesco como una libertad fundamental de los seres humanos. Este se encuentra garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Mexicana, en su artículo 6º. Por lo tanto, el Estado mexicano está obligado a garantizar el DAI, es decir, a transparentar toda información pública siempre y cuando no ponga en riesgo el interés público y la seguridad nacional.
En México el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el órgano constitucional autónomo encargado de garantizar este derecho. Sin embargo, este organismo ha sufrido una serie de embates y descalificaciones que han minimizado e impedido su importante labor. Por ejemplo, la mayoría de la Cámara de Senadores, compuesta por Morena, PVEM, PT y Encuentro Social, quienes tienen 74 de 128 Senadores, ha impedido deliberadamente nombrar a los Comisionados del INAI. Actualmente, el INAI sólo cuenta con cuatro comisionados de los siete necesarios para que el Pleno pueda sesionar.
Esta situación implica que el Estado mexicano incumple parcialmente su obligación de garantizar el DAI. Esto podría ser motivo de una sanción internacional por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ya que según los tratados internacionales y lo establecido en el artículo primero de la Constitución Mexicana, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En estas condiciones (sin poder sesionar), el INAI lleva más de un año sin poder resolver recursos de revisión. Para darnos una idea, según el Portal Nacional de Transparencia, desde el 1º de abril de 2022, fecha en que el INAI se quedó sin quórum legal para sesionar, hasta el 31 de julio de 2023, se han presentado un total de 23,331 recursos de revisión en contra de un total de 718 sujetos obligados del ámbito federal. Esto significa que diversas autoridades se han negado a entregar información parcial o totalmente, impidiendo así que los solicitantes puedan hacer efectivo su derecho a que se resuelva oportunamente sus recursos de revisión ante la negativa de entrega de información pública.
Por ello, es urgente e imperiosamente necesario que el Senado cumpla con su obligación y atribución de nombrar a los Comisionados faltantes del INAI. De lo contrario, México podría ser condenado por desatender y violar deliberadamente este asunto que ha impedido parcialmente el DAI y permitido que diversos sujetos obligados no cumplan con la rendición de cuentas.
Para muestra un botón, la SEP clasificó como reservada hasta por cinco años la información sobre las fechas de entrega y procesos de licitación de libros de texto, así como las asambleas para la elaboración de los nuevos planes de estudio. Cuestiones que desde nuestra perspectiva, no son temas que pongan en riesgo el interés público, ni la seguridad nacional.
