Cada vez que los indicadores de empleo traen buenas noticias también traen consigo un aire de fugacidad, como si fueran una bocanada de aire para seguir adelante nadando contra un mar proceloso. Con problemas de fondo arraigados, como la precariedad de los puestos de trabajo, la informalidad o la tendencia a los malos salarios como recompensa a largas jornadas laborales, las mejorías que solemos ver en los indicadores de empleo son momentáneas, bondadosas con algunos sectores pero están lejos de remover los grandes malestares. La precariedad laboral es un problema mundial y en América Latina es una urgencia normalizada.
Si miramos el mercado laboral mexicano encontramos que hay buenos datos en un contexto complejo: en el segundo trimestre de 2022 hubo una mejoría que se tradujo en que 1.3 millones de personas se sumen a la población ocupada, lo que representa el mayor incremento en el último año. De 56.1 millones de personas ocupadas la cifra subió a 57.4 millones, siendo la cantidad más alta de la que se tiene registro. Lo malo de este salto es que por cada empleo generado en la formalidad hay tres que se crearon en la informalidad, es decir, sin seguro, sin prestaciones y sin certezas.
El 57 por ciento de los empleos se encuentra en la informalidad, lo que además de limitar el acceso a prestaciones y seguridad representa un serio obstáculo para la proyección y el crecimiento: es muy difícil planificar trayectorias, emprendimientos y acciones para el mediano y largo plazo sin tener la certeza de que los ingresos y el empleo seguirán constantes. Endeudarse a largo plazo para un proyecto, para adquirir una casa en las condiciones de informalidad y precariedad equivale a aventurarse al mar sin saber cuánto tiempo resistirá la pequeña embarcación inestable en la que estamos. La falta de seguridad es un obstáculo para construir, para planificar y ejecutar.
Tanto la cuestión de la informalidad como la precariedad de los empleos no son de ahora sino que tienen muchas décadas de arraigo, con la salvedad de que la precariedad se ha ido acelerando a nivel mundial, con un impacto especialmente fuerte en América Latina. Cuando los empleos que se generan lo hacen con malos salarios, sin seguridad ni estabilidad, el resultado directo es un empeoramiento de la calidad de vida de las personas. Como muestra, los mexicanos son los que más horas trabajan dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero también son los que tienen los ingresos más bajos y las menores prestaciones.
El gran reto es ir más allá de los beneficios momentáneos de los empleos para pasar a resolver necesidades de fondo: mejorar la productividad -lo que implica invertir más en la educación y la formación de los trabajadores-, mejorar los salarios y las condiciones laborales, así como reconstruir la relación entre trabajo y calidad de vida: que el empleo recompense el esfuerzo y el conocimiento en una proporción más justa, más reconfortante, y más estable.
Héctor Farina Ojeda
