El presidente de Chile, Gabriel Boric, acaba de presentar una propuesta que pretende una reforma tributaria con miras a atender las necesidades sociales en sectores específicos como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda y otros derechos sociales. Resulta muy referencial que el presidente más joven de América Latina pretenda encontrar una forma de atender los derechos sociales de la gente en un país que ha tenido dos hechos contrastantes en su economía: en las últimas tres décadas ha sido el país latinoamericano que más ha disminuido la pobreza pero, también, el que más ha profundizado la desigualdad.
El malestar social por la desigualdad, por la pobreza agudizada y por la precariedad tuvo su estallido en Chile en 2019, antes de la pandemia, y también lo hemos visto en las calles de distintos países latinoamericanos. El malestar de la gente tiene su epicentro en la pobreza y la desigualdad, en la vida llena de carencias y escasa en oportunidades, en el insuficiente acceso a la educación y en las precariedades cotidianas que se viven en salud, alimentación, vivienda y seguridad. Por eso no debe sorprender la victoria de Gustavo Petro en Colombia o lo que los analistas llaman “el giro a la izquierda” en algunos países latinoamericanos: vivimos en el subcontinente más desigual del mundo, en medio de grandes postergaciones sociales y muchas urgencias no resueltas. La gente espera que alguien atienda esas urgencias.
La iniciativa de Boric busca recaudar 12 mil millones de dólares en cuatro años y destinarlos a proyectos de carácter social y de diversificación productiva, con miras a una “mayor equidad y cohesión social”. Una de las propuestas es que paguen más impuestos los más ricos, los que más tienen, así como las grandes empresas dedicadas a la minería. En otras palabras, la idea es que los impuestos que se cobran a las grandes fortunas sirvan para los proyectos sociales que favorezcan a los menos favorecidos, con lo cual se busca minimizar la desigualdad. Algo así como lo que ha propuesto el economista francés Thomas Pikkety: impuestos progresivos, que los ricos paguen más, y que con esto se combatan las inequidades sociales.
Y aunque cada iniciativa, cada país y cada presidente tienen “sus circunstancias” -parafraseando al filósofo José Ortega y Gasset-, lo cierto es que con más de 200 millones de personas en la pobreza y 86 millones en pobreza extrema en América Latina, los esfuerzos deben apuntar a reducir las desigualdades y minimizar la pobreza, haciendo que la vida para millones de latinoamericanos sea más llevadera y menos precaria.
En un contexto complejo, de pandemia, de crisis sanitaria y económica sin precedentes, las recuperaciones deben ir más allá de los indicadores, del crecimiento y el volumen. Deben profundizarse en la población, en las urgencias no resueltas, en las necesidades sociales. La iniciativa chilena es una referencia que nos indica que hay que ir hacia escenarios más solidarios, con mayor equidad y con mayor justicia social. ¿Será posible?
Por Héctor Farina Ojeda
