En agosto de 2010, fueron encontrados en una bodega rural del municipio de San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes muertos, entre ellos 14 mujeres, con los ojos vendados, los cuerpos maniatados y un tiro de gracia dispensado por sus asesinos, los dueños de San Fernando.
Ocho meses después, en abril de 2011 fue descubierto también un cementerio de fosas clandestinas con al menos 193 cadáveres. Los habían ido apilando ahí sus asesinos, los dueños de San Fernando.
El cementerio no era propiamente un cementerio, escribió Marcela Turati, sino una zona de “montículos de tierra que ocultaban personas muertas en distintos momentos y en distintas masacres ocurridas durante meses”.
Con ser terribles, esas dos historias no son lo peor de San Fernando. Lo peor fue la aparente normalidad en que transcurrió el horror de la vida de los habitantes de San Fernando, la continuidad de sus rutinas diarias, la existencia de alcaldes en funciones y policías municipales y patrullajes del Ejército, sin que nadie tomara nota de la prisión al aire libre en que se habían convertido la ciudad y el municipio.
Increíble la normalidad con que las líneas de autobuses veían salir sus viajes con cierto número de pasajeros de una estación del Bajío y llegar con menos pasajeros a Reynosa o Matamoros, porque los dueños de San Fernando los habían bajado ahí, a plena luz del día, asumiendo que eran miembros del grupo criminal contrario o migrantes a los que podían secuestrar para pedir rescate, o muchachos que iban a reclutar para su grupo criminal.
La peor historia de San Fernando es su conversión en una zona hermética de opresión y silencio. Y que esa conversión se volviera una especie de profecía, un adelanto del horror que esperaba a otras partes de México, como Zacatecas o Lagos de Moreno, o lo que alcanzamos a ver en parte de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, de Chihuahua, de Colima, de Sonora, de Sinaloa, de Quintana Roo, de Tamaulipas…
Y ahora Teuchitlán.
San Fernando fue el espejo de la nueva normalidad criminal de México: la del dominio totalitario del crimen sobre las comunidades.
