El párrafo con el que Jesús Silva Herzog describió nuestra experiencia de López Obrador en las últimas semanas es demoledor: “Somos testigos, diariamente, de la desintegración del juicio del Presidente. Esa facultad elemental para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso está rota y se despedaza en fragmentos cada vez más alarmantes. ¿Con qué absurdo nos desayunaremos hoy? ¿Qué sentencia lunática nos brindará esta mañana? ¿Insistirá en sus manías de siempre o dará un nuevo paso en su colección de aberraciones inconcebibles?”.
Puesto no en términos de personalidad ni de rasgos patológicos, sino del pensamiento del Presidente, estamos frente a un político que cree que es bueno y necesario concentrar el poder en su persona, lo que quiere decir tener los mínimos contrapesos, sean político-institucionales, sociales, legales, económicos, etc; además, AMLO no piensa que los derechos humanos sean relevantes —el gran avance civilizatorio de la Ilustración y su ampliación en la segunda mitad del siglo pasado—, pues la manera como el pueblo puede ser feliz es siendo objeto de la tutela y las dádivas caritativas del Estado, es decir, a la misericordia del caudillo que se los entrega a cambio de su lealtad política.
Por tanto, al Presidente le parece una aberración la existencia de la sociedad civil organizada, es decir, de ciudadanos conscientes y exigentes de sus derechos, que se organizan para demandarlos y al mismo tiempo contribuir a que se hagan realidad mediante la acción solidaria. Trabajar por la igualdad de género, por una economía sustentable, por las libertades democráticas es, según AMLO, una cortina de humo para permitir el saqueo de los neoliberales. Finalmente, defiende los monopolios estatales, pues aborrece al sector privado y no cree en los mecanismos institucionales para regular el comportamiento de los mercados.
Así, al juicio demoledor de Silva Herzog hay que añadir el miedo que provoca lo que nos ha mostrado el Presidente de su personalidad y su pensamiento político después de las elecciones de junio. ¿Cómo es posible que una persona, cuyo juicio se está desintegrando, que además ha concentrado un gran poder y que considera enemiga a una buena parte de la sociedad, pueda decidir una gran cantidad de asuntos que afectarán el futuro del país (el nivel de prosperidad económica, por ejemplo) y la vida de los 127 millones de mexicanos y cuyas consecuencias negativas pueden tardar años en revertirse como la cancelación del Seguro Popular?
No hay manera de exagerar la responsabilidad de la oposición política, del sector privado y de la sociedad organizada o no, frente a lo que resta del sexenio y la elección de 2024. Sería conveniente y necesario trabajar en dos frentes. El primero, una estrategia legislativa de defensa de la Constitución en la que el sector privado, partidos opositores y sociedad en general negocien y presionen con inteligencia para impedir que el PRI entregue la plaza. ¿Cómo se le eleva el costo al sector del PRI que considera positiva apoyar la contrarreforma eléctrica, la regresión democrática y la militarización de la Guardia Nacional?
El segundo, un candidato común de la alianza Sí por México con PAN, PRI y PRD puede no bastar para derrotar a Morena si no se hace una tarea seria y sistemática para convocar y articular, sin simulaciones, a la sociedad civil, no solo a 500 ONG. Ojalá lo entiendan y le den prioridad, pues no se ve que quieran caminar por ese rumbo.
Guillermo Valdés Castellanos
