Una vez establecido el hecho de que la acusación en contra del general Cienfuegos no permite sacar conclusiones, y menos generalizaciones, hasta que se demuestre su culpabilidad, hay muchas reflexiones pertinentes. Me referiré a dos de ellas y dejo de lado las más obvias y comentadas: la evidente vulnerabilidad del Ejército, al igual que cualquier otra agencia mexicana o estadounidense, a la corrupción del narco y sus implicaciones para el gobierno y el mismo Ejército, gracias a la errónea decisión de López Obrador de militarizar la seguridad pública.
La primera es sobre la unilateralidad de la actuación de la DEA. Es innegable que tiene motivos para que sus investigaciones sean lo más sigilosas posibles. Sin embargo, en México también hay evidencia de la confiabilidad y profesionalismo de muchos funcionarios en todas las dependencias de seguridad y justicia. No todos los mexicanos son corruptos y el Estado mexicano no es un narcoestado. Afirmarlo, como lo ha hecho irresponsablemente el presidente López Obrador en reiteradas ocasiones, no solo es faltar a la verdad, sino hacerle un daño enorme al país, pues entre otras cosas, justifica que la DEA y el resto del gobierno de EU actúen con esa unilateralidad y prepotencia de la que ahora se queja.
El narcotráfico es (verdad de Perogrullo) un problema común de México y EU. Controlarlo y minimizarlo supone corresponsabilidad y trabajo conjunto. La historia de las relaciones en la materia ha mostrado que la unilateralidad ha sido contraproducente para ambas partes y beneficiosa para las organizaciones criminales. El gobierno de Peña Nieto permitió la corrupción y no le dio prioridad a la seguridad; AMLO no quiere combatir a las organizaciones criminales y pregona que la corrupción desapareció mágicamente con su llegada al poder.
Esos hechos hacen entendibles, pero no justifican, la unilateralidad y prepotencia del gobierno de EU. La DEA vuelve a sentirse la heroína de la película de vaqueros (nosotros los buenos contra los corruptos mexicanos) y provocará resistencias mayores a la cooperación por parte de todas las dependencias mexicanas. El riesgo de que ambos gobiernos regresen a la desconfianza, a las acusaciones generalizadas y cancelen, para efectos prácticos, la colaboración beneficiará ineludiblemente al narcotráfico.
La segunda reflexión es sobre la inteligencia mexicana en contra del crimen organizado. Sabiendo del grave problema de la cooptación de personal de las instituciones de seguridad y justicia, el gobierno mexicano debería de haber construido desde hace tiempo un poderoso sistema de contrainteligencia para detectar, investigar y llevar ante los tribunales a funcionarios y autoridades electas de todo tipo y nivel que se vendan al crimen organizado.
En la época de Calderón hubo avances en las áreas de inteligencia del Estado (Policía Federal, Cisen y Marina) desmantelados por el actual gobierno (Cisen y Policía Federal). A pesar de ello, existen bases sólidas para diseñar y operar un sistema de inteligencia serio y confiable contra la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia. Eso ayudaría mucho a desarticular a las organizaciones criminales en la medida en que eliminaría la extendida red de protección política, policiaca y judicial. Además, nos ahorraría nuevas sorpresas y humillaciones de parte de EU y ayudaría a reconstruir la confianza interna y externa en nuestras instituciones. No es tarde para corregir esa omisión.
