Una función esencial del Estado es resolver de manera pacífica e institucionalizada los conflictos. Los conflictos más complejos son aquellos en los que, A) no hay voluntad ni disposición de ambas partes a llegar a un arreglo; B) los que se dan entre personas sumamente desiguales, como un banco contra su acreditado o los casos violentos con una desigualdad estructural insalvable; y C) casos en los que existe deshonestidad y abuso: una de las partes miente o esconde el deliberado objetivo de abusar de su contrario, como el embargar una casa por una deuda menor, legitimar un despojo, aprovecharse de la ignorancia o la pobreza extrema de su contraparte.
Cuando existe la disposición y voluntad de las partes y existe una desigualdad moderada la mediación y la conciliación son métodos sumamente efectivos. El Poder Judicial de Jalisco, su titular, consejeros, jueces y en general los funcionarios judiciales han promovido y apoyado a la Justicia Alternativa, por lo que se ha triplicado el número de casos resueltos por esta vía en dos años. Ya 30 por ciento de las resoluciones judiciales de Jalisco se deriva de una mediación (la proporción más grande en México, donde el promedio es de 5.4 por ciento).
La estrategia del Poder Judicial es fomentar y apoyar la disposición a resolver los conflictos por mediación y conciliación para descongestionar los juzgados, y así éstos dispongan de más tiempo y recursos para enfocarse en utilizar todas las herramientas y atribuciones de que dispone la judicatura para abordar los casos más complejos: medidas cautelares, diligencias y audiencias probatorias de alta calidad; inspecciones judiciales, careos para desterrar la mentira y el engaño; medidas de apremio, apercibimientos y, en su caso, multas para los litigantes tramposos. Estas acciones, aunadas al salto cuántico que en materia tecnológica se apresta a realizar el Poder Judicial de Jalisco, se comienzan a traducir en la mejora en los indicadores de desempeño judicial y competitividad.
Un paso más en esta dirección es detonar el potencial del arbitraje (procedimientos simplificados y de bajo costo ante peritos en derecho designados por las partes). El arbitraje reduce las desventajas para la parte más débil en una contienda entre desiguales, pues la parte más fuerte ya no se beneficiará de prolongar indefinidamente los juicios (un arbitraje no suele durar más de tres meses) ni imponer altos costos de honorarios de abogados, derivados de un juicio lleno de sutilezas técnicas (el arbitraje es simplificado y su breve duración lo hace muy barato). El Gobierno podría poner el ejemplo al establecer en todos sus contratos con terceros una cláusula de arbitraje. El código podría ordenar esta claúsula en todos los contratos de adhesión. Las empresas podrían acreditar su responsabilidad social, buena fe y determinación de realizar transacciones equitativas al comprometerse públicamente con claúsulas de arbitraje, ganando clientes a las empresas que buscan la depredación con hostigamiento y amenaza judicial de abogados cobrones. La carga de trabajo de los juzgados podría bajar 50 por ciento. Una auténtica revolución judicial, un paso fundamental hacia una sociedad más justa y competitiva.
Guillermo Zepeda
