El llamado caso Culiacán que ha cimbrado con sus vastas y graves repercusiones a la sociedad mexicana, comporta tantas aristas a observar que el caleidoscopio de sucesos, declaraciones y contradeclaraciones, contradicciones o desmentidos, acaba por confundir el análisis más avezado según el rigor del método que se siga y el punto de partida que se escoja. Da para todo.
Incluso para preguntar: falto de los servicios de inteligencia que le advirtieran de la mera posibilidad ¿cayó AMLO y su régimen en una trampa de sus adversarios de la que a duras penas logró salirse, pero muy raspado y por cuenta propia se sigue descalabrando?
Para toda ruta de elucidación hay callejones sin salida, sofismas y dilemas insolubles. Los anatemas fácilmente encuadran a lo largo de cualquier razonamiento según la ideología del razonante. En el ambiente flota sobre todo la percepción de que una súbita precariedad política podría permear al gobierno de la 4T si no reacciona rápidamente y acota las revelaciones que a diario se dan a conocer, porque no solo se contempla lo que pasó, sino lo que potencialmente podría pasar.
Y puede pasar muchísimo, porque como bombas en campo minado de guerra ya salen a la luz artículos de ley severísimos para encuadrar delitos en quien facilita la evasión de reos. De aplicarse hasta sus últimas consecuencias a los responsables confesos de los sucesos en cuestión, se perfila en el horizonte una tragedia que no sería exagerado llamar Macbethiana de proporciones mayúsculas.
La 4T se aprecia gravemente herida en este flanco. Las encuestas preliminares arrojan todavía el proverbial “le hizo lo que el viento a Juárez”. El desgaste, sin embargo, es perceptible o de otro modo no se entenderían esos videos patrocinados por las fuerzas armadas donde se manda el mensaje: “Nosotros sí cumplimos las órdenes, fueron otros los que hicieron fallido el operativo”. La polémica al interior del régimen se asoma con claridad.
El problema es que en todo ello, en la posibilidad de crisis emergentes en la situación de una 4T todavía no consolidada, va el destino del país, su estabilidad política, su gobernabilidad, su economía. Y la volatilidad percibida aún parece no hallar eco suficiente en las sensibilidades gubernamentales.
En las condiciones descritas, antier un conato de protesta que pudo resolverse de otro modo hizo que un puñado de munícipes, es decir, autoridades electas de territorios libres y soberanos con todo lo que ello implica, se estrellaran contra la puerta mariana del Palacio Nacional. Fueron repelidos por miembros de la Guardia Nacional con gas lacrimógeno, al que algún vocero oficioso bautizó como “gas defensivo”, en lo que sería la primera represión de su gobierno (para eufemismos y paradojas de humor involuntario, la 4T surte en abundancia; como el humor negro, no pretendido, del director del Instituto Nacional de Migración, quien dijo con rancia prosa policiaca, o mejor aún Trumpista, que “aunque los migrantes sean de Marte los deportaremos”).
Pero los presidentes municipales son otra cosa, responden a electores que los eligieron, les dieron un mandato popular. Abrir un frente gratuito con ellos por cuestiones de presupuesto es darse un tiro en el pie. Su pliego petitorio no puede parecer más inobjetable: que la Federación no reduzca sus partidas en los montos que se tiene previsto hacerlo. Puede haber en ellos quienes quieran llevar agua a su molino partidista desde luego, pero en esencia la protesta luce legítima. No atenderlos es hacer que los expedientes se acumulen y dejar otro polvorín a expensas de que crezca. Pudo haberse hecho fácilmente y con ello AMLO hubiera arrojado los reflectores mediáticos a otro tema distractor que le urge. Desperdició la ocasión y la empeoró.
De esos temas desatendidos hay muchos, simplemente el caso Culiacán todavía da de sobra. El asunto puede no ser si el Presidente, o quien haya sido (a estas alturas hay para escoger), quién o quiénes dieron la orden de liberar al aprehendido para salvar vidas, un razonamiento moral, pero probablemente ilegal, pues el único ente facultado para ello es la Fiscalía y no estuvo ahí. El meollo es que en primer término, el Estado mexicano no debía haberse expuesto a ello de manera tan jurídicamente vulnerable en esa tesitura. Debió pensarse con mayor cuidado y ciencia militar, un operativo que hubiera sido llevado a cabo con los mínimos de eficiencia, planificación y orden en la cadena de mando de la que debió hacerse gala.
¿Quién en su gobierno atendió el pedido de la DEA al parecer origen de todo el embrollo y por qué conductos se canalizó y en qué términos se aprobó? La pregunta está lejos de ser retórica. Su respuesta debe importar en primer término a AMLO por la implicación a lo por él mismo aseverado, de manera inverosímil, que no estuvo enterado del operativo en ciernes, lo que complica más aún cualquier análisis y lo deja prácticamente desnudo en la materia ante la opinión pública.
