Ante el incremento de la violencia y número de víctimas en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, declaró formalmente la guerra al crimen organizado.
Sin poner reglas ni marcar límites, lanzó al Ejército a las calles.
Más tarde, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se continuo con la misma estrategia gubernamental, sin embargo, a pesar de los esfuerzos por elementos de las fuerzas armadas, lo hecho hasta el momento ha resultado insuficiente para garantizar la seguridad de la sociedad.
De tal forma que, en el lapso del último lustro en diversas zonas del país, ha crecido el número de víctimas del crimen como la cantidad de recursos, personal e infraestructura dedicadas al combate a ese flagelo.
Ante este escenario, muchas organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, así como organismos internacionales, juzgan que se cometió el error de convocar a las fuerzas armadas a fin que las mismas combatieran a la delincuencia, es decir, convirtieran a los soldados en policías.
En ese mismo sentido, casi en el cierre del gobierno de Felipe Calderón, tal decisión, también fue criticada por el ex presidente Vicente Fox.
Cabe resaltar que el propio secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ha señalado en diferentes fechas que "el Ejército no pidió salir a las calles"; que hay "un desgaste" en las fuerzas armadas por "la multitud de tareas encomendadas"; "que los miembros del Ejército deberían regresar a sus cuarteles para continuar su vida de soldados y, hacer responsables de la seguridad solamente a las organizaciones policiacas".
Ahora bien, en razón que éste último entorno no ha sido posible, ha urgido un marco legal para sus tropas al actuar contra la delincuencia.
Esta situación ha sido denostada de manera contrastante por diversos sectores de la sociedad, incluso, por organismos internacionales, generando dudas ante el pueblo de México.
No obstante, la ley que era exigida por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, fue aprobada de manera exprés –el pasado jueves- por la Cámara de Diputados.
Esta postura ha sido cuestionada no solo por la oposición, sino también por expertos en seguridad nacional, derechos humanos y organizaciones civiles ya que según refieren, la ley violenta la Constitución al "legalizar lo ilegalizable", "perpetuar lo que debe ser temporal", y propiciar la violación de los derechos humanos.
La ley pasó al Senado para ser analizada, discutida, y votada.
