Transparencia Internacional presentará en las próximas semanas el Índice de Percepción de la Corrupción 2018.
Nuestro país ocupa ahora el lugar 135 de 180 evaluados. Felipe Calderón dejó a México en el puesto 105.
El mundo nos ve como uno de los países más corruptos. Lo somos. El problema es institucional, no «cultural» como argüía el expresidente Peña Nieto.
Las fiscalías son satélites del poder político; lo mismo pasa con los zares y los sistemas anticorrupción.
En Coahuila, un repaso por los perfiles de esos entes burocráticos conduce al moreirato. Por esa razón la megadeuda, las empresas fantasma y el desvío de recursos permanecen sin castigo.
Los Moreira actuaron en complicidad con cuatro legislaturas. Ocupar por primera vez la presidencia de la junta de gobierno del Congreso le brinda al PAN la oportunidad de elaborar una agenda ciudadana, sin personalismos ni fines electoralistas. El clamor para investigar y castigar la corrupción es imprescriptible.
Mas no solo el Poder Legislativo fue cómplice de ese par de gobiernos infaustos y venales; también el Judicial. Una somera revisión del historial de algunos de sus miembros —profanos en la materia— basta para descubrir la marca del clan. Para más inri, Homero Ramos, muñidor de los Moreira, recibió como premio una sinecura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) donde se ha desatado la lucha por el poder.
Miriam Cárdenas terminará este año su ejercicio como presidenta, pero puede reelegirse para un segundo periodo.
La pugna ocurre en el contexto de un megafraude en el Infonavit que involucra a exgobernadores, empresarios, magistrados, jueces y secretarios.
El caso le permite a Cárdenas presentarse como una mujer dispuesta a limpiar una de las instituciones más desprestigiadas, así sea parcial y tardíamente.
El escándalo pone contra la espada y la pared al polémico magistrado Jesús Sotomayor Garza, aspirante a la presidencia del TSJE. Una de las aficiones del cacique ha sido el culto a su propia persona.
De nada le sirvió: hoy está a un paso de la hoguera, lo cual no garantiza en absoluto el saneamiento de la judicatura.
