Cuando se señalan los serios problemas de salud derivados del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados o chatarra, como lo es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, la industria alimentaria y sus voceros, suelen contra argumentar principalmente un par de cosas. Primero, que la responsabilidad es de quienes consumen y, por ello, el problema está en el exceso: “no hay alimentos buenos ni malos”. Y segundo, que, para atender los problemas derivados del consumo, es necesaria una estrategia integral, poniendo especial énfasis en mejorar los hábitos alimenticios y en el deporte. Veamos.
En México, la industria alimentaria lleva décadas generando un ambiente obesogénico. Por un lado, se encuentra el acelerado aumento de la presencia y proximidad de establecimientos que venden ultraprocesados. El daño de estos productos proviene de su propia elaboración pues básicamente son formulaciones industriales derivadas de alimentos que requieren poca o ninguna preparación para su consumo, caracterizadas por contener elevadas cantidades de azúcares y grasas.
La rapidez y facilidad con que se pueden conseguir los ultraprocesados ha desplazado del mercado a las comidas preparadas con alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Para darnos una idea del cambio, en la última década, la producción de algunos ultraprocesados como los refrescos y galletas ha crecido más que algunos alimentos básicos como las tortillas de maíz.
Por el otro lado, está la invasiva publicidad de estos productos sin valor nutricional, dirigidos principalmente a menores de edad. Esto es importante si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en la infancia temprana es cuando se desarrollan los hábitos de alimentación y el gusto por sabores dulces que permanece durante toda la vida.
Las consecuencias de este ambiente promovido en buena parte por la industria son claras: a la par que México se coloca como uno de los países de América Latina que más consume ultraprocesados, se convierte también en el país con mayores índices de obesidad y diabetes. De tal forma que, por parte, de la industria alimentaria es un acto de cinismo colocar la responsabilidad en la persona.
En lo que refiere a su segundo argumento, vale la pena destacar que, de acuerdo con la experiencia, esta industria, normalmente considera como una estrategia integral toda política que no altere las dinámicas de mercado.
De hecho, las propias empresas llevan más de una década promoviendo este tipo de “soluciones” para erradicar la obesidad infantil, mismas que incluso han sido adoptadas por distintos gobiernos. En 2007, por ejemplo, la actual presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, quien en ese año se desempeñaba como secretaria de educación, firmó un convenio con Coca-Cola para que llevara su “programa de activación” en escuelas de 23 estados, posteriormente realizó lo mismo con PepsiCo para promover una educación nutricional. ¿Qué podría salir mal?
Muchas veces dejar el razonamiento en política pública esconde la política que hay detrás. En este caso ha habido mucha política disfrazada, fundamentalmente en tres aspectos de la decisión. Primero, sobre la permisividad de los alimentos chatarra en las escuelas, a pesar de lo que señala la ley; segundo, en lo relacionado con la publicidad y, por último, sobre la excesiva participación de estas empresas en la formulación de política pública de responsabilidad individual.
