La corrupción de la clase política mexiquense que gobierna al país parece no tener límites. El pasado mes de septiembre se dio a conocer un nuevo hecho de corrupción del Secretario de Comunicaciones y Transportes: la creación de un Fideicomiso Maestro para desviar los recursos económicos obtenidos de los peajes carreteros a manos privadas.
La noticia ha sido opacada por muchas otras, relacionadas con Ayotzinapa o con el 50 aniversario del 2 de octubre del 68, sin embargo, vale la pena detenerse a examinarla, aunque parece que ya se ha perdido la capacidad de asombro ante hechos de esa naturaleza.
Lo primero que debe comentarse es la práctica recurrente de la clase política del Estado de México, aunque no es exclusiva de él, de hacer negocios con los recursos públicos a su alcance. No puede olvidarse esa herencia cultural del patriarca de los políticos mexiquenses, Carlos Hank, quien les enseñó que “un político pobre es un pobre político”. Y nadie de ellos quiere serlo.
Este político mexiquense ha sido el mejor representante de lo que Arnaldo Córdova llamó la “burguesía revolucionaria”, es decir la que se hizo rica desde los cargos públicos, disponiendo de los recursos a su antojo, y no gracias a los negocios privados, algo normal en las economías capitalistas.
La noticia viene a sumarse a muchas otras en torno a Ruiz Esparza, quien desde sus tiempos de secretario del mismo ramo en el Estado de México fue acusado de prácticas similares a la que hoy se comenta. No hay que olvidar tampoco la tragedia del Paso Exprés de Cuernavaca, originada por la corrupción de esa secretaría.
Lo que más sorprende es que a pesar de eso y otros escándalos, el secretario Esparza siga firme en su puesto, y seguirá hasta el final del sexenio de Peña Nieto, cuando en otros países por mucho menos que eso han caído ministros. Es célebre el caso de una ministra sueca que, por comprar dos chocolates con una tarjeta de crédito oficial, fue obligada a dimitir del cargo en 1995.
Aunque algo sería impensable para México, 23 años después, vale la pena hacer un recuento de estas prácticas deleznables de la clase política que actualmente nos gobierna, a fin de que permanezca en la memoria colectiva. Habrá que esperar para ver si el próximo gobierno federal toma cartas en el asunto y decide investigar éste y muchos otros casos de corrupción en el país y en el estado. México ya no resiste tanto saqueo a las finanzas públicas. Urge detenerlo inmediatamente.
