Si por los resultados hay que juzgar a la agencia norteamericana para combatir las drogas es un hecho que ha sido un completo fracaso. Así es porque en esta unidad, creada en los tiempos del presidente Nixon, se ha impuesto la respuesta policiaca a un problema social. Combatir mal a las drogas, sobre todo, con la visión prohibicionista y represiva, genera violencia porque propicia la generación de criminales cuyas condiciones de éxito son la intimidación, la corrupción y el exterminio.
El mundo ha carecido de imaginación, a pesar de que se ha perdido dramáticamente la guerra contra las drogas. Abatir el consumo, objetivo último, requiere de visión, comprensión del problema y de una estrategia que integre la visión de salud pública. Pueden hacer más por esto un sociólogo o un médico que un policía. Hay quien diría que sin la DEA las cosas serían peor. Es posible, pero los resultados son inaceptables.
La nueva administración y el Congreso norteamericanos deben evaluar el desempeño de la DEA. El incidente con el general Salvador Cienfuegos es una evidencia de lo que puede ocurrir si no hay control institucional de la agencia. La investigación que llevó a la mayor crisis en la relación bilateral y a que México transitara a una situación delicada en extremo revela la descomposición y la falta de rigor en la agencia. Todavía es más preocupante que tenga la capacidad de mover instancias de justicia sobre evidencias sin valor.
El presidente López Obrador ha actuado con la determinación que se requiere. De la misma forma como lo ha hecho el fiscal Gertz Manero. No se puede actuar con miedo ni con ambigüedad. Ahora queda claro que no fue la negociación o el acuerdo diplomático lo que hizo regresar al general Cienfuegos, sino la incapacidad de las autoridades para procesarlo por la deficiencia de los elementos probatorios de la DEA.
En tiempos de sospecha no hay mucho lugar a la razón; el prejuicio y la maledicencia se imponen. Por tal consideración fue un acierto, a pesar de los riesgos, que el gobierno de México difundiera el expediente entregado por las autoridades norteamericanas. Su análisis da cuenta de la incompetencia o de la mala fe de la DEA. Además, de la evidencia de que actuaron ilegalmente en el país y traicionaron la confianza necesaria para la colaboración entre los gobiernos en el combate al tráfico de drogas.
Ha llegado el momento de replantear con seriedad la manera de combatir las adicciones y el tráfico ilegal de estupefacientes. La iniciativa debe ser global y su espacio es la Organización de las Naciones Unidas, donde México es representado por una personalidad que como pocos conoce bien del tema en su dimensión médica y de política pública de salud. Es oportuno, más con una nueva administración y un nuevo equilibrio en el Congreso norteamericano, además de la presencia mexicana en el Consejo de Seguridad, que en voz del Dr. Juan Ramón de la Fuente solicite a la comunidad internacional la revisión de la política prohibicionista y policiaca en la materia que tanto daño ha provocado y tan pocos resultados ha mostrado.
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