No necesitamos armas y bombas para llevar la paz,
necesitamos amor y compasión.
Madre Teresa
En el diseño de una estrategia para frenar el flujo ilícito de armas que entran a México por la frontera norte y la violencia y muerte que generan, partimos de alinear una posición institucional entre diversas autoridades a cargo de la seguridad para enfrentar tan grave problema, ya que este flujo se extiende desde la frontera con Estados Unidos a diversas zonas del país.
Así, conjugamos en un mapa las rutas de armas ilícitas, sus partes y municiones, con estadísticas de homicidios y delitos por armas de fuego, para identificar su destino e impacto. Un primer esbozo identifica las principales rutas de armas en el lado mexicano, desde los siguientes cruces de mayor dinamismo: Tijuana, Ensenada y la Rumorosa, en Baja California; Agua Prieta y Querobabi, en Sonora; Ciudad Juárez y Ojinaga, en Chihuahua; Nuevo Laredo, San Fernando, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; Colombia, en Nuevo León, y Manzanillo, Colima. En todos ellos, con apoyo del SAT y de la Guardia Nacional, así como de Sedena, Semar y el Ministerio Público Federal, se refuerzan los puntos de trasiego e inspección no intrusiva.
Se trata básicamente de un flujo “hormiga” que se oculta en el cruce diario de más de 25 mil personas, en su mayoría mexicanos y algunos extranjeros que laboran en EU y viven, por lo general, en la frontera. Algunos de ellos ingresan armas, o sus piezas y municiones, ocultas en bolsas, juguetes, o en vehículos y envíos de mensajería. A cambio, reciben de las organizaciones criminales desde 100 dólares por un paquete de 50 balas y hasta 2 mil dólares por un rifle automático.
Al cierre de 2019, las entidades federativas donde se aseguraron más armas de procedencia ilícita desde EU fueron Tamaulipas y Sonora, seguidas por Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Tamaulipas tuvo el mayor número de aseguramientos de armas ilícitas (26 por ciento) en 2019, frente al 17 por ciento en 2016, reflejándose en 41 mil 44 homicidios por armas de fuego de 2006 a la fecha. Ya desde 2016 ocupaba el primer lugar nacional con 481 armas por cada 100 mil habitantes en la entidad. En ese mismo año concentró el mayor número de detenidos por tráfico de armas (4 mil 18), seguido por Michoacán (3 mil 150) y Guerrero (2 mil 436). Junto con Baja California, Tamaulipas es el estado por donde ingresa el mayor número de armas largas estadunidenses.
En cuanto a Sonora, el lamentable asesinato de mujeres y niños de una comunidad mormona en noviembre pasado —donde rifles AR-15 desperdigaron cientos de balas calibre 0.223— coincide con el número creciente de armas ilegales incautadas, que pasó de 52 por ciento en 2017 a 68.21 por ciento en 2018. Los aseguramientos de municiones siguen el mismo patrón, con la aduana en Sonoyta como la principal vía, seguida por la de Nogales. Así, el índice de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes alcanzó, en 2018, 50 mil 861 personas, es decir, uno de cada 2 habitantes, con un incremento de 362 homicidios dolosos registrados en julio de 2018 y más del doble en noviembre de 2019, con 789 homicidios.
Michoacán es el tercer estado con mayor incidencia de homicidios por armas de fuego, según registros oficiales de 2006 a la fecha, con 33 mil 140 asesinatos, seguido por Sinaloa, 22 mil 879; Guerrero, 12 mil 759, y Chihuahua, 10 mil 948.
Guanajuato concentra 2 mil 60 delitos con armas de fuego, de un total de 19 mil 87 cometidos tan solo en la primera mitad de 2019, seguido por Estado de México (mil 977), Ciudad de México (mil 753), Baja California (mil 339), Michoacán (mil 334), Jalisco (mil 234) y Chihuahua (mil 160).
Finalmente, Colima registra la tasa más alta de homicidios, con 88 por cada 100 mil habitantes. Le siguen Baja California, con 74.2; Chihuahua, 63.2; Guanajuato, 52, y Guerrero, 47. En otras 13 entidades, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es superior al promedio nacional, destacando entre los 10 municipios con más de mil homicidios dolosos: Tijuana, Acapulco de Juárez, Culiacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cajeme, Ecatepec de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Ensenada.
Este flujo ilícito de armas que cruzan la frontera norte y llegan a estados del Golfo, Pacífico y centro del país no se detiene ahí. Desde 2010 las autoridades han rastreado su camino hacia el sur de México a través de tres rutas: la primera, desde Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez hasta Ciudad Hidalgo, Tapachula, Ciudad Cuauhtémoc y Balancán. La segunda, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango y Guadalajara, para continuar la ruta al sur. Y la tercera, desde Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Monterrey hasta Ciudad Victoria, que recibe también flujos de armas desde Ciudad Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, siguiendo a Veracruz, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por el tipo de aseguramientos en la frontera de México y Estados Unidos, nuestra red consular informa que entre noviembre y diciembre de 2019 se trató principalmente de municiones, con más de 106 mil incautadas en México y casi 9 mil en EU, sumando más de 115 mil.
En segundo lugar resaltan los cargadores asegurados (234 en total), seguidos por armas largas (61 en total, 46 de ellas confiscadas en México), que cruzan principalmente por Tamaulipas en contenedores. Y en tercer lugar, el aseguramiento de armas cortas (25), básicamente pistolas provenientes de Springfield, Massachusetts, de la marca Smith and Wesson, que cruzan en su mayoría por California.
Mención especial merecen las partes de rifles de asalto fabricados en EU y Europa, que se transforman en México en armas no identificadas o incluso en armas de mayor potencia. Tal es el caso de los rifles semiautomáticos rumanos Cugir, que entran a EU ilegalmente y llegan a México como armas automáticas, equivalentes a una ametralladora, según datos de la ATF de 2016.
De particular preocupación es el aseguramiento de un lanzacohetes y un lanzagranadas M203 fabricado en Connecticut, EU, por Colt’s Manufacturing, junto con granadas de 40 mm de ese país, así como de África y de Colombia.
Este conjunto de aseguramientos implicó la detención de 27 connacionales y 12 estadunidenses por tráfico ilícito de armas y municiones en México, tan solo de noviembre de 2019 a inicios de enero de este año, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Nogales y Caborca, en Sonora. Entre los detenidos en la frontera norte por este delito desde 2016 hay nacionales de Guatemala y Honduras.
Aunque el tráfico de armas en la frontera sur del país solo representa 2 por ciento del volumen nacional, la inestabilidad de la región centroamericana ha favorecido el aumento de armas aseguradas en Chiapas, seguido por Quintana Roo, Tabasco y Campeche.
Se trata de armas cortas de bajo calibre —que en los años 80 se usaron en el conflicto armado centroamericano— y de minas antipersonales (50), prohibidas por la ONU por su poder de destrucción masiva.
Lamentablemente, el creciente flujo ilícito de armas provenientes de Estados Unidos que sufre México y sus trágicas consecuencias es el mismo fenómeno que obliga a muchas familias en América Central a abandonar sus hogares, comunidad y propiedades, al momento de enfrentarse a una devastadora violencia. Las armas estadunidenses traficadas a México y a nuestros vecinos centroamericanos crean un círculo vicioso de miseria y temor que impulsa a las familias a cruzar las fronteras.
* Jefe de Oficina del canciller
