En días pasados, al calor de la legalización del aborto en Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la despenalización del aborto en nuestro país debería ser sometida a consulta, pues, siendo un tema tan polémico, tendría que opinar toda la población. Como era de esperarse, dicha declaración enardeció las redes sociales, principalmente en el núcleo progresista y feminista, donde se recibió con la misma cortesía de un puntapié.
Nadie puede negar el interés genuino del presidente en combatir la pobreza. Sin embargo, éste parece haber dejado de lado a las mujeres pobres a juzgar por su posición respecto al aborto. Si bien los programas sociales aportan al bienestar material de las personas como ninguna otra política pública, las mujeres que más mueren en abortos clandestinos son las pobres, indígenas y residentes rurales que no tienen acceso a un aborto clandestino medianamente seguro.
Por si esta disparidad de acceso a derechos reproductivos no fuera suficiente, debe puntualizarse que México es el país con más embarazos adolescentes de la OCDE, lo que se deriva tanto de la falta de educación sexual, cuanto de la prevalencia del abuso sexual y matrimonios infantiles, lo que hace que la propuesta de consultar la despenalización quede como una banalización de un tema a todas luces más delicado que la conquista de la mayoría de la opinión popular.
Desde luego, no sería la primera vez que suceda la conquista de un derecho mediante los votos. De hecho, Europa lleva la delantera en cuanto a referéndums sobre este tema y sobre todo en países sumamente católicos como Italia, Portugal e Irlanda. Por su parte, América Latina no es la excepción, teniendo a Uruguay como ejemplo. Esto mientras en México apenas nos estamos familiarizando con las consultas a partir de la reforma constitucional sobre la participación ciudadana.
Y no se entienda mal: a mí me gustan las consultas, me gusta que me pidan mi opinión, que me pregunten si creo que los expresidentes deben ser investigados, etcétera; sin embargo, cuando se trata de un tema de salud, me gustaría que el Estado tomara la decisión, aunque ésta fuera una medida impopular.
Sin conocer cuál sería la pregunta y suponiendo que la Suprema Corte de Justicia permita que se consulte el derecho a decidir, ésta sería una batalla perdida de antemano, pues no sería una consulta ni equitativa ni justa. Históricamente, los grupos religiosos disfrazados de organizaciones civiles se han dedicado a enquistar su agenda en la opinión pública. El Yunque, los Legionarios de Cristo y el Frente Nacional por la Familia tienen años impulsando, con carretadas de dinero a su favor, una reforma educativa que permita la educación religiosa en escuelas públicas y, aunque no lo hayan logrado, hay muchas otras batallas que sí han ganado con dinero. Una de las más importantes se dio a partir de 2007, cuando sucedió la despenalización del aborto en la CDMX. Aunque les llevó años, lograron reformar 18 constituciones estatales para establecer la protección del feto desde la concepción, afirmando que un óvulo fecundado es una persona —un absurdo hasta para Santo Tomás—, mientras que el último de sus logros fue establecer la objeción de conciencia en la Ley General de Salud en 2018.
Cabe recalcar que incluso en el caso de Argentina, donde la izquierda feminista exploró la posibilidad de una consulta popular vinculante ante la posible negativa del parlamento, ésta habría fracasado rotundamente pues hoy alrededor del 35 por ciento de su población está de acuerdo con la interrupción libre del embarazo, y el 75 por ciento piensa que esto debería ser permitido solo en algunos casos.
México aún necesita un debate profundo que forme parte importante del que circunda a la cuestión social, pero no si éste es desigual y a favor de los intereses de empresas multimillonarias que manipulan los medios y la opinión pública. Sin duda, el movimiento feminista no tiene los recursos para competir con los creadores del espantapájaros de la ideología de género. Y ahí, dónde la competencia es injusta, es el espacio natural del presidente para defender a quienes menos tienen, que en este caso son las mujeres pobres ante los intereses mafiosos de los grupos dizque provida —que más bien deberían ser llamados promuerte.
Sin duda, estar a favor de la consulta es una postura que no hace menos feministas a quienes la comparten, pues en otros países, incluyendo Argentina, han sido las feministas quienes han considerado esta vía. En México, sin embargo, la opción más humanitaria en un tema tan urgente sería el ejercicio de la mayoría y la reivindicación pobrista del jefe de Estado.
