En las ultimas semanas se ha generado revuelo alrededor de la reducción presupuestal del 75% del Instituto Nacional de las Mujeres, como consecuencia de la crisis de salud mundial actual. A pesar de que la Junta de Gobierno del Instituto y su titular explicaron que el recorte contempla presupuesto de eventos, viajes, viáticos, y no se alteran las actividades importantes, los medios de comunicación y sus voceros no han apagado la hoguera. Claro está que disminuir gastos innecesarios no afecta la protección de las mujeres. Pero al tratarse de presupuesto que implica la palabra mujer, se toca el imaginario colectivo acostumbrado a entender la consideración como dinero. Bajo esta lógica, probablemente, se condenaría la eliminación de la ineficaz tarjeta rosa de Alfredo Del Mazo en el Estado de México, que, eso sí, tenía mucho presupuesto.
La institucionalización de la perspectiva de género ha limitado la inclusión de su mirada política al presupuesto público y sus etiquetados. Se ha creado una tendencia a manifestar el compromiso a favor de la equidad en dinero público, aunque se gaste irresponsablemente. Persiste la premisa de que, mientras más, mejor. Evidentemente, el atraso económico y social históricos de las mujeres en México precisaba de herramientas gubernamentales para construir un país más democrático e igualitario. El reconocimiento de esto desembocó en dos cosas: la promoción de la igualdad de género desde el gobierno federal y la creación de presupuestos con perspectiva de género. Estos últimos suponen atención a una disparidad social entre sexos que resulta en una asimetría en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el acceso a ellos.
Sin embargo, en este caso, no todo lo que es oro brilla. Tómese por ejemplo la alerta de género, mecanismo creado para erradicar a nivel local la violencia machista y los feminicidios. Con suficiente oro –que puede ir de 16 a 26 millones de pesos por municipio— hay poco brillo: ha sido un paliativo muy caro que resultó a todas luces inoperante; en algunos casos, la opacidad lo volvió caja chica de funcionarios corruptos; de lo poco que se sabe, se han reportado compras de imanes, piñatas, llaveros y gorras para combatir la violencia de género. Y lo mismo debe suceder con otros presupuestos etiquetados que buscan quedar bien sin esforzarse en diseñar soluciones eficaces.
Modificar la percepción que se tiene sobre la agenda de igualdad entre mujeres y hombres es imprescindible. El presupuesto con perspectiva de género confina los avances del feminismo a programas y acciones afirmativas que, aunque son necesarias, hoy ya no son suficientes. La responsabilidad del Estado está en la construcción de un presupuesto que busque crear una política económica y social de desarrollo transversal. Un Estado que promueve mayor desarrollo económico y bienestar social sin discriminar se encuentra más cerca de tener una verdadera perspectiva igualitaria. De tal forma, la pensión para adultas y adultos mayores y personas con discapacidad beneficia principalmente a las mujeres, pues son las que comúnmente se encargan de las labores de cuidados; también lo hace Jóvenes Construyendo el Futuro, donde hay inscritas más mujeres que hombres. De nada sirve la perspectiva de género si constituye confines presupuestarios en lugar una mirada igualitaria general.
