En los años noventa, a raíz de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se incorporó al marco legal nacional el término feminicidio, la privación de la vida de una mujer por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Desde entonces, dicho término se fue agregando a los códigos penales de las 32 entidades federativas, pero no fue hasta el 2012 que se incluyó en el código penal federal.
Dejando de lado los debates que a lo largo de los años se han dado sobre la violencia contra las mujeres como un problema creciente y el entendido del homicidio como la máxima expresión de violencia, desde que se tipificó el feminicidio como delito, las cifras no habían hecho más que aumentar y fue durante el momento más crítico de la pandemia que logró su punto más alto con 1,844 feminicidios en los primeros seis meses del 2020.
Uno de los factores a tomar en cuenta es que a las cifras de los últimos tres años se han sumado las de las carpetas de homicidios dolosos de mujeres y presuntos feminicidios. La alarmante situación hizo que se pusiera en marcha una de las estrategias más ambiciosas en la erradicación de la violencia de género por parte de la administración del presidente López Obrador, la cual costaría más de 230 millones de pesos, 82 por ciento más de lo que se ha invertido desde el año 2000. El plan interinstitucional liderado por mujeres como Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, y Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres, consiste en una visión preventiva que implique la coadyuvancia de los gobiernos locales, estatales y federales con la puesta en marcha de un protocolo de atención, fiscalías especializadas, diagnósticos y capacitación de cuerpos policiacos y redes de mujeres constructoras de paz, que hasta el momento son 117 en todo el país.
Esta semana se publicó el informe por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia contra las mujeres con información reportada por las fiscalías de todas las entidades federativas y aunque contiene muchos datos como el aumento en violaciones durante el mes pasado, lo que más llamó la atención fue la reducción de los feminicidios en un 7 por ciento en diciembre del año pasado. Esta reducción forma parte de una tendencia a la baja que se ha hecho visible en los últimos cuatro meses, desde que en octubre disminuyó en un 14.8 por ciento.
Se puede discutir mucho sobre estos números, la reducción de los feminicidios podría deberse a la estrategia preventiva, a la voluntad política o a ambas cosas, lo único cierto es que esta disminución habla de la importancia que se la ha dado a las cifras y a la violencia de género que urge frenar y que al hacerlo podríamos comenzar a vislumbrar la construcción de un mejor futuro para todas las mujeres de este país.
Estefanía Veloz
